“Hace una semana, el Ministro de Energía, Francisco Ísmodes, dijo en Cusco que “se respetaría el trazo original”. Claro, sintió la presión de los gobernadores regionales, alcaldes, partidos políticos y sociedad civil”.,Desde que Proinversión contrató a la consultora inglesa Mott Mac Donald (MMD) para que “defina el nuevo trazo” del Gasoducto al Sur –que va desde Camisea hasta la costa, pasando por los pueblos de la sierra sur– quedó claro que los “lobbies petroleros y gasíferos” le habían bajado el dedo al gasoducto. Recordemos que varias leyes lo declaran de necesidad pública e interés nacional (Leyes 29129, 29817 y 30130). Lo más importante: los pueblos del Sur demandan que el gas de Camisea se convierta en la más importante fuente de energía, limpia y barata, para impulsar el consumo de gas domiciliario, de las centrales térmicas, del GNV, de las industrias y de la industria petroquímica. Con el “nuevo trazo” que pudiera decidir MMD, por ejemplo, el gas podría ir de Pampa Melchorita (Cañete), donde está la planta de licuefacción de Peru LNG (que exporta el gas del Lote 56, que tanto se necesita para el mercado interno) hasta Mollendo o Ilo. Recordemos que el proyecto de Peru LNG “salió” bajo Toledo-PPK, modificando leyes y decretos supremos, además de pagar bajas regalías y darle a Repsol la comercialización, quien pactó precios viles para exportar el gas a México. Miren el cuajo: los que exportan el gas a precio vil, ahora verían impulsadas sus ventas si el “nuevo trazo” era un ducto marítimo. Producirían más gas licuado y lo llevarían al sur por barco. La “audacia”, en el peor sentido de la palabra. Pero han perdido. Hace una semana, el Ministro de Energía, Francisco Ísmodes, dijo en Cusco que “se respetaría el trazo original”. Claro, sintió la presión de los gobernadores regionales, alcaldes, partidos políticos y sociedad civil. Además, ya estaba presente la iniciativa de Bolivia de llevar el gas al sur (bajo diferentes formas). Chau “gasoducto marítimo”, que favorecía a Peru LNG. La cuestión ahora es ¿cuál es la modalidad de contrato para la nueva licitación y cuándo se va a realizar? Les decimos desde ya lo que pensamos: el gobierno va a “estirar” todo lo que pueda la licitación del gasoducto, dejando esta “papa caliente” para que la resuelva el nuevo gobierno del 2021. Ha dicho el ministro que el nuevo contrato “ya no será 100% financiado por privados y parte con un cargo en los recibos de luz. Ahora será una iniciativa cofinanciada por el Estado para que pueda haber precios asequibles para el gas”. En realidad, siempre fue así: el GSP no es rentable por sí mismo, como tampoco lo fue el proyecto Camisea, que recibió una serie de incentivos tributarios. Estas “industrias nacientes” necesitan incentivos para salir adelante. Una vez que ya caminan solos, esos incentivos se pueden retirar. ¿Por qué Lima sí y el sur no? La “papa caliente” viene por otro lado. Hay US$ 1,500 millones invertidos por el anterior GSP (Odebrecht, 55%; Enagás, 25%; GyM, 20%), que no consiguieron “el 100% del financiamiento”, por lo que su contrato caducó en enero del 2017. Y no se les reconoce la inversión porque, al no conseguir el financiamiento, el Estado considera que el contrato nunca se materializó. Por ello, Enagás ha ido en arbitraje al CIADI por US$ 511 millones. Si ganan, el Perú le tendrá que pagar a Enagás y a los otros socios. Lo más caliente de la papa es: gane o pierda Perú, la maquinaria y los tubos que valen US$ 1,500 millones siguen allí, en varios sitios de la sierra (se paga US$ 47 millones/año a la empresa Estudios Técnicos para que los “cuide”). ¿Cuál es la salida? Que el gobierno revise su “estrategia legal” pro-arbitraje. Y encapsular, aislar, las investigaciones de corrupción que “planean” ahora mismo, en Curitiba, sobre el GSP. De esa manera, se podrá licitar un nuevo proyecto integral: garantía de oferta y de demanda, lo que incluye la petroquímica. Para terminar: el retroceso del gobierno está bien, pero no garantiza nada. Ya van dos años desde enero 2017 y cero balas porque hay pocas ganas de encarar a fondo el problema. Nos van a mecer hasta el 2021. Y, ojo, siguen vivos los enemigos del gasoducto al sur. La presión social, por ello, es indispensable.
