“Cada racha de investigaciones y detenciones de gobernadores (hubo 13 involucrados en delitos de corrupción en el 2017) ha estimulado llamados a algún sistema preventivo del problema. Hasta ahora nada de eso”.,La juramentación de los gobernadores regionales ha transcurrido sin mayores novedades. Evidentemente las poblaciones de cada una de estas circunscripciones, y del país entero, esperan de todos ellos lo mejor. Pero hay elementos para pensar en un salto al vacío en no pocos casos individuales. Por lo pronto no son pocos los gobernadores regionales elegidos a pesar de tener antecedentes, que van de lo venial a lo serio. Luego está el muy considerable número de anteriores gobernadores que han terminado presos o prófugos. Hasta aquí la elección de un gobernador y su equipo ha sido algo así como la suerte de la olla. Podemos sumar a esto la opinión del anterior presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado: unas 14 regiones judiciales se manejan dentro de climas éticos y de ilegalidad parecidos a la del Callao. De ser así, no son instituciones donde se podría buscar algún tipo de control del poder político regional. Las mayorías que deciden a los ganadores y pasan por alto cualquier hoja de servicios de apariencia riesgosa no son exclusividad de las regiones. El peso de las inconductas en gobiernos regionales parece estadísticamente mayor, aunque este es un cálculo que, hasta donde entendemos, todavía no ha sido hecho. Cada racha de investigaciones y detenciones de gobernadores (hubo 13 involucrados en delitos de corrupción en el 2017) ha estimulado llamados a algún sistema preventivo del problema. Hasta ahora nada de eso. Ni siquiera podría decirse que el electorado, o los contribuyentes en general, han parado más la oreja. El tema es de normas que dificulten el manejo personalista y arbitrario de la caja regional, acompañado de auditorías externas frecuentes. Incómodo, pero necesario para prevenir y no tener que lamentar. Probablemente a los especialistas se les ocurran algunos mecanismos más sofisticados. La práctica de la fiscalización cuando ya el delito y el daño están hechos es una práctica melancólica, y tiene un cierto parecido con la complicidad pasiva. Es lo que se ha venido repitiendo sin rubor año tras año. Estos comentarios deben ser vistos también a manera de homenaje a los políticos regionales que han pasado por gobernaciones sin un reparo, y en algunos casos incluso con muy buenas gestiones.
