¿Quién le habría puesto freno a las maniobras para perseguir a los rivales de Fuerza Popular, mientras se buscaba la más absoluta impunidad para Keiko Fujimori y Alan García?,Hay una pregunta que no deja de rondarme estos últimos días, mientras seguía el derrumbamiento judicial y político de Keiko Fujimori y su entorno. ¿Qué hubiera pasado si la candidata de Fuerza Popular hubiese llegado a la presidencia del Perú? ¿Qué país tendríamos si el fujimorismo hubiera llegado a controlar tanto el ejecutivo como el legislativo? ¿En qué situación se encontraría el Poder Judicial si estuviera en el gobierno este partido con manifiestos nexos con «Los cuellos blancos del puerto», la organización criminal que comandaba el hoy detenido juez César Hinostroza? ¿Cómo se habrían manejado los juicios del caso Lava Jato? ¿Serían instrumentalizados como el informe de la comisión que comandó Rosa Bartra, que se suponía secreto pero llegó a manos de Vicente Silva Checa, montesinista devenido en asesor fujimorista? ¿Quién le habría puesto freno a las maniobras para perseguir a los rivales de Fuerza Popular, mientras se buscaba la más absoluta impunidad para Keiko Fujimori y Alan García? ¿Qué habría ocurrido con el fiscal José Domingo Pérez, si a su despacho hubiera llegado el caso de lavado de activos que esta semana nos ha permitido ver al fujimorismo en toda su podredumbre? ¿Hasta dónde habrían llegado las directivas de «chancar[lo]», «matar[lo]», «deslegitimar[lo]» y «joder[lo]»? ¿Cuánto poder habría acumulado Pedro Chávarry en el Ministerio Público y cómo lo estaría administrando? ¿Qué menjunjes se cocinarían en un Consejo Nacional de la Magistratura sometido a los intereses y las directrices de Héctor Becerril? ¿Cómo funcionarían la Sunat o la Contraloría, islas de eficiencia que fueron puestas en las manos de Víctor Shiguiyama —señalado como aportante de Fuerza Popular en la campaña de 2011— y Edgar Alarcón, obligado a renunciar luego de demostrarse su escasa catadura moral? ¿Y el Banco Central de Reserva, donde sigue como director José Chlimper, quien debió abandonar la secretaría general de Fuerza Popular luego de que Hugo Delgado, exgerente de RPP Noticias, informara que le entregó US$ 210.000 en efectivo como pago por pauta publicitaria también en 2011? ¿Qué clase de política tendríamos con las eminencias grises de los grupos «Mototaxi» y «La Botica» manejando un poder casi absoluto? ¿Hasta dónde se habría extendido el empleo de esos términos plásticos y en permanente proceso de expansión que son las palabras «caviar», «proterruco» o «mermelero», que en boca del fujimorismo han terminado por servir para calificar a cualquier persona con un mínimo de independencia y criterio propio, que piensa distinto a ellos? Y finalmente, ¿en qué situación estaría la prensa peruana, que ha jugado un papel más que decisivo en el desvelamiento de esta corrupción? ¿Qué medidas alternativas —o complementarias— a la Ley Mordaza de Mauricio Mulder se habrían tomado para presionarla y asfixiarla, intentarla domesticar y subordinar? ¿Cuántos más recursos públicos se habrían destinado a las hordas de trolls que pululan por las redes sociales, hostigando e insultado a quienes sostienen opiniones críticas, y cuántos más politólogos y voceros «independientes» —plumíferos en toda regla— habrían sido alquilados para defender las peores tropelías en los medios impresos y audiovisuales? En resumen, ¿qué sería del Perú?