Postura. El presidente Martín Vizcarra recomendó que norma a favor de los reos adultos mayores debe darse dentro del marco legal vigente y los convenios internacionales suscritos por el Estado. La CIDH saludó decisión del Poder Ejecutivo.,La ley que establece la modalidad de ejecución humanitaria de la pena fuera de la cárcel para los reos adultos mayores, y que fue aprobada con inusual premura por el Congreso hace doce días, fue observada por el Poder Ejecutivo. La posición del gobierno está señalada en los dos primeros puntos del documento firmado por el presidente Martín Vizcarra y el premier Villanueva. Se trata de los cuestionamientos más severos sobre la autógrafa de ley presentada por el fujimorismo. Ahí se indica que esta norma contraviene la independencia de la función jurisdiccional y que, además, regula beneficios para personas determinadas. PUEDES VER Julio Arbizu sobre la Ley Fujimori: "Es una norma que colisiona con la Constitución" Dentro de la fundamentación, el Ejecutivo señala que esta ley no solo tiene nombre propio sino que vulnera el principio de independencia del Poder Judicial porque un órgano de carácter administrativo, dependiente del Poder Ejecutivo, como el INPE, es el que decide si una condena judicial se cumple o no. A este cuestionamiento agrega que también se rompe el principio elemental de que las condenas se han impuesto para ser cumplidas. Sobre estas dos observaciones comentó el abogado de IDL, Carlos Rivera, quien patrocinó a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos en un juicio contra Alberto Fujimori. "Si hay un condenado a veinticinco años y porque está diez se tiene que ir a su casa, entonces se produce la ruptura de un principio elemental de razonabilidad y proporcionalidad de la condena. Las penas están construidas supuestamente sobre un principio de proporcionalidad. Quien incurre en la comisión de un delito grave va a merecer una pena grave", sostuvo. Y agregó que es inconcebible que el simple transcurso del tiempo diluya la responsabilidad penal. Sobre la pretensión de que esta ley tenga una aplicación general y no personal, Rivera dijo estar seguro de que una vez que Alberto Fujimori sea beneficiado con esta ley "todo el mundo se va a olvidar de aplicarla, con lo cual cumple su objetivo". También vio incoherencia en la norma respecto a los delitos que se pretende beneficiar, ya que está establecido que no alcanza a terrorismo, traición a la patria, feminicidio, delitos sexuales contra menores. "Estamos hablando de delitos en los que hay graves afectaciones a derechos fundamentales de las personas. Pero por otro lado se permite el beneficio a condenados por crímenes contra derechos humanos, como homicidio, violación sexual y desaparición forzada", indicó. PUEDES VER Keiko se pronuncia tras observación de ‘Ley Fujimori’ Derechos Humanos Otra de las objeciones hechas por el Ejecutivo es que la autógrafa de ley plantea beneficios penitenciarios a personas condenadas por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, sin respetar el principio de proporcionalidad ni los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) En este sentido, anota que aplicar los beneficios que plantea esta ley para personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos contraviene el principio de proporcionalidad, el mismo que establece que los Estados parte están obligados a asegurar que las penas impuestas por este tipo de violaciones no se constituyan en factores de impunidad. Otra observación dice que la ley que establece la ejecución humanitaria de la pena contraviene los fines del cumplimiento de la pena y las obligaciones estatales de protección de la población. Sobre este punto, el Ejecutivo dice que se puede deducir que no se está frente a una modalidad de ejecución sino ante un supuesto de conversión de la pena o incluso ante un beneficio penitenciario. Norma circunstancial Respecto al momento en que se ha dado esta ley, Rivera afirmó que la circunstancia evidencia que se hizo con la finalidad no solo de desautorizar sino con el objetivo de incumplir con el mandato de un tribunal internacional como es la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Me parece que esa norma va a generar una responsabilidad internacional del Estado. El Estado ya había cumplido con el mandato de la Corte Interamericana, había salido la sentencia del juez Julca y oh casualidad sale esta norma", fue su comentario. En cuanto al futuro de la ley observada, el abogado de IDL manifestó que debido al nuevo escenario dentro de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, con la renuncia del congresista Francesco Petrozzi y el pedido de licencia del presidente del Congreso Daniel Salaverry, esperaba que los fujimoristas evalúen las observaciones del presidente de la República. "Por lo menos, que lo someta a un debate democrático en la comisión de Justicia, en la comisión de Constitución, y eso haga imponer un criterio de legalidad que en el propio documento se invoca en el sentido que no puede ser objeto de decisiones administrativas. El mensaje es: si alguien quiere dar beneficios, que eso lo dé el Poder Judicial", concluyó Carlos Rivera. PUEDES VER Violeta: Fuerza Popular solicitó reunirse con el presidente Vizcarra [VIDEO] La voz de los familiares Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de la universidad La Cantuta, estimó importante el pronunciamiento del Ejecutivo sobre esta ley, "porque si se aprueba quedaría como cómplice de los atropellos a los derechos de los familiares". Sin embargo, criticó que el presidente Vizcarra o el premier Villanueva no los haya recibido ni preguntado al respecto. Dijo que era fundamental que el Ejecutivo tome conciencia del impacto que tiene este tipo de norma directamente en los familiares. "Estoy de acuerdo en las críticas del Ejecutivo. Pero no hay que perder de vista que aquí hay un grupo de familiares, y no hablo solo de los familiares de La Cantuta sino de todos los que se sientan afectados por esta ley, ya que más allá de Fujimori hay otros violadores de derechos humanos que iban a beneficiarse", declaró. Las CIDH también saludó la decisión del Ejecutivo de observar esta ley "que plantea beneficios a personas acusadas de graves violaciones derechos humanos". Siete argumentos del Ejecutivo - La norma afectaba la competencia del juez como responsable de decidir sobre la libertad personal. - La autógrafa aprobada es "con nombre propio" y no contempla el cumplimiento del pago de reparaciones. - El texto plantea beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos contra los DDHH. - Afecta los fines del cumplimiento de la pena. - Se planteaba que un "garante" asuma la responsabilidad si el beneficiario, por ejemplo, fuga del país. - La ley se aprobó en forma "express", sin acatar un fallo del TC. - Hay incoherencia y beneficia a futuros condenados por delitos más graves.
