Keiko Fujimori. Resolución judicial explica que una organización criminal lavó los fondos aportados por Odebrecht a través de acciones de “pitufeo” de los fondos. Aportes fraccionados, con montos pequeños, con aportantes fantasmas y otros, en montos, que han sido negados como reales.,Keiko Sofía Fujimori Higuchi, la lideresa de Fuerza Popular, permanecerá con detención preliminar por los próximos 10 días. Probablemente, en la sede policial de la avenida España. Este podría ser el comienzo de una prolongada permanencia en prisión. Al cabo de los 10 días, el fiscal especializado José Domingo Pérez pediría su prisión preventiva por presunto lavado de activos de dinero proveniente de la corrupción. PUEDES VER Fuji-rifa que organizó Keiko Fujimori fue para ocultar US$ 1 millón de Odebrecht La situación legal de la hija del exdictador Alberto Fujimori es bastante delicada. La tarde del martes último, el fiscal Pérez logró que el juez Richard Concepción Carhuancho ordene la detención preliminar de Fujimori y otros 19 dirigentes del partido fujimorista. La fiscalía consideró que había un grave peligro de que Fujimori y los demás implicados evadan o entorpezcan la investigación por el millón de dólares que el partido Fuerza 2011 recibió de la constructora Odebrecht en la campaña electoral del año 2011. En el caso de Keiko Fujimori se indicó que si bien tiene una familia, vive en una casa alquilada y no tiene arraigo laboral, pues no se tiene certeza sobre su trabajo. Además, se indica que tiene facilidad para viajar y vivir en el extranjero: en Estados Unidos viven sus suegros y en Japón, sus tíos y hermanos. Detenidos La medida se empezó a ejecutar a las 10 de la mañana del miércoles cuando Fujimori, acompaña de su abogada Giuliana Loza, se presentó a una diligencia a la sede de las fiscalías de lavado de activos, en la cuadra dos del jirón Miró Quesada en el centro de Lima. Casi a la misma hora fue detenido el empresario Augusto Bedoya Cámere. La policía buscó al exministro Jaime Yoshiyama Tanaka, pero no lo ubicó en su casa. El exministro fujimorista habría salido del país en las últimas horas. También fueron detenidos Luis Mejía Lecca y Adriana Tarazona Martínez de Cortés. Además, Daniel Mellado Correa y Mayra Castañón Dávila. En la región San Martín, fueron detenidos Liuli Sánchez Bardales, gerente de una empresa del congresista Rolando Reátegui; Liz Documet Manrique y Rafael del Castillo Reátegui, esposa y hermano de un asesor del congresista Reátegui. Además, Aurora Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra, gerente de Desarrollo Social y director regional de Trabajo, respectivamente, del gobierno regional, y Pedro Abel Velayarte Llanos. También se encuentra con orden de búsqueda y captura la esposa del congresista Reátegui, Marizol Valles Chong. La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, calificó de abusiva, arbitraria e infunda la detención preliminar. Indicó que no había ningún peligro de fuga, pues su cliente se ha presentado a las citaciones de la fiscalía. El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanela, afirmó: “(Keiko) siempre ha colaborado con la justicia, pero detenerla de esta manera innecesaria (significa) que la injusticia ha llegado a su punto máximo. Esto no es justicia y es un abuso”. El fiscal José Domingo Pérez atribuye a Keiko Fujimori haber constituido y dirigir una organización criminal al interior del Partido Político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenía el objetivo político de obtener el poder, para lo cual recibió aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial Odebrecht. A cambio de alcanzar el control político de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dice el fiscal, la organización entregaría obras sobrevaluadas, beneficios normativos y favorecimiento judicial a la referida constructora brasileña. PUEDES VER ¿Quién es Richard Concepción Carhuancho, el juez de las detenciones históricas? Organización y niveles Para lavar los fondos ilícitos de Odebrecht, se habría constituido la organización criminal estructurada en varios niveles. El liderazgo y la jefatura están a cargo de Keiko Fujimori. Luego, están los líderes encargados de la captación de los dineros ilícitos: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Cámere, secretario general y secretario nacional de Fuerza 2011. Además, según la declaración del exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata, este entregó el dinero a la campaña de Fujimori a través de Yoshiyama y Bedoya. A continuación, estaban los encargados de administrar y colocar los dineros ilícitos, entre los que destaca Adriana Tarazona Martínez de Cortés, tesorera alterna del partido fujimorista del 2009 al 2012. La fiscalía también identifica cuatro niveles de colaboradores de la organización criminal. Un primer grupo constituido por personas con vínculos de familiaridad, amicalidad, laboral y empresarial que habrían figurado como aportantes para ingresar fondos de procedencia ilícita. El segundo grupo lo constituirían personas que teniendo vínculos de amistad y familiaridad con miembros de Fuerza 2011 aceptaron ser aportantes, sin haber acreditado tener los fondos suficientes para realizar ese aporte. “Ellos habrían prestado sus nombres para aparecer como aportantes, cuando en realidad no lo serían, colaborando con el ocultamiento de estos dineros”, enfatiza la resolución firmada por el juez Concepción Carhuancho. También se identifica un tercer grupo de personas que han colaborado cumpliendo “la función de transportar y/o depositar los dineros de procedencia ilícita en las cuentas de Fuerza 2011, y ello se ha identificado por medio de vouchers de depósitos del Scotiabank. Un cuarto grupo, dice la resolución judicial, corresponde a personas que laborando en el organismo estatal encargado de la verificación y supervisión de fondos partidarios de la ONPE emitieron informes técnicos que favorecieron a la organización criminal. Un quinto grupo de colaboradores estaría compuesto por personas que habrían realizado actos de ocultamiento y/o obstrucción de la investigación a favor de la organización criminal, captando a falsos aportantes y perturbando la averiguación de la verdad. PUEDES VER impatizantes y opositores de Keiko se enfrentan en la Prefectura de Lima Aportes ilícitos La fiscalía sustenta con base en las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata que la constructora brasileña entregó un millón de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones del 2011 y que ese dinero tiene una procedencia en actos de corrupción. Ese dinero fue entregado a la campaña partidaria a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, sin que ese aporte sea declarado oficialmente ante la oficina de fiscalización de la ONPE. De acuerdo con la declaración de Barata, ese dinero se entregó en dos partes. Un primer aporte de 500 mil dólares el año 2010 y otros 500 mil el 2011. La segunda entrega corresponde a la frase de Odebrecht: “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”. La fiscalía enfatiza que para la entrega del dinero, Barata se comunicó por vía telefónica con Yoshiyama y Bedoya. Al respecto, la fiscalía determina que efectivamente, al levantarse el secreto de las comunicaciones, se confirman dos llamadas el 17 de junio y el 20 de diciembre del 2010 entre los teléfonos utilizados por Barata y Yoshiyama. El número telefónico utilizado por Yoshiyama está registrado a nombre de la empresa Roster Sociedad Anónima. El exministro fujimorista registró ese número de su propiedad en dos diligencias realizadas en enero y junio del 2018. Lavado La fiscalía indica que el partido fujimorista blanqueó o lavó los fondos ilícitos obtenidos de Odebrecht a través de ingresos por aportes de militantes y las rifas y cócteles de captación de fondos. La situación es que los fondos aportados por Odebrecht fueron introducidos al circuito financiero legal a través de depósitos, en motos fraccionados realizados por varias personas, en lo que se conoce como “pitufeo”. En efecto se han encontrado 17 personas, que supuestamente realizaron aportes por US$ 412,939.42, que no han podido justificar el origen de los fondos, de lo que se deduce que son dineros de origen desconocido. Luego, se tienen aportantes que han desconocido haber entregado los montos que aparecen en las declaraciones de ingresos de Fuerza 2011 presentados a la ONPE. Entre estos, se encuentra el testigo Alejandro Crisanto Pulache, que negó haber realizado un aporte de 13,845 soles. Igual es el caso del testigo protegido Nº 02 que negó un aporte de 121,263 soles. Al respecto, se mencionan las actividades realizadas por Luis Mejía Lecca, tesorero de Fuerza Popular; Nolberto Rimarachín Díaz e Ítalo Pachas Quiñones para evitar que el testigo ratifique su declaración. Además, la fiscalía encuentra graves incongruencias en las declaraciones de ingresos y gastos que Fuerza 2011 presentó a la ONPE, la mayoría de las cuales fueron corregidas, luego de que se realizaran las primeras observaciones. Así, los primeros 500 mil dólares entregados por Barata el año 2010 se habrían ocultado como ingresos por rifas y cócteles ascendentes de 2’125,235 soles. La fiscalía señala que los 500 mil dólares, al cambio, en esa época eran 1’407,500 soles. El segundo aporte de 500 mil se habría lavado con el nombre de aportes individuales e ingresos proselitistas del 2011 hasta por 17’450,735.93 soles. De este monto, la fiscalía encuentra inconsistencias y falta de sustentación en los ingresos y aportes provenientes de 24 aportantes en el extranjero hasta por US$ 492,702.11. Luego, también carecerían de justificación los aportes realizados por el entorno amical y familiar de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya hasta por US$ 580,702.11. Igualmente, se encuentran aportes fraccionados, negados y de falsos aportantes hasta por US$ 731,388.80. La fiscalía identifica que parte de estos aportes fueron hechos el mismo día y en la misma agencia. Por último, dice que las contribuciones realizadas por aportantes suplantados llegan a US$ 649,573.64. Montos que considera le permitieron camuflar los aportes de Odebrecht y otros de origen ilícito o desconocido.
