Presuntas irregularidades en Chavimochic. También involucra a otros funcionarios. No habría hallado responsabilidad en expresidente regional José Murgia.,La Comisión Lava Jato del Congreso de la República halló responsabilidad en el exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, también en su sucesor Luis Valdez Farías y en otros funcionarios por presuntas irregularidades cometidas en la firma del contrato con la constructora Odebrecht para las obras de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh). Otro de los funcionarios implicados es el exgerente general de la megairrigación, Edilberto Ñique Alarcón. PUEDES VER “Empresa privada no está interesada en Chavimochic” De acuerdo al informe final, Acuña Peralta habría cometido omisión o demora de actos funcionales referente a la entrega de terrenos para la ejecución de la obra. El documento manifiesta que como titular de la Región La Libertad suscribió una adenda con Odebrecht perjudicial para el Estado peruano. En lo tocante a Valdez Farías, su papel está relacionado con la ampliación del plazo para el cierre financiero, y existirían indicios suficientes del delito de omisión o rehusamiento de actos funcionales. En cuanto al expresidente regional José Murgia Zannier, quien estuvo al frente de la región entre los años 2011 y 2014, la Comisión Lava Jato no habría encontrado responsabilidad alguna. “Nunca fui llamado” En cuanto al exgerente general del PECh, Edilberto Ñique Alarcón, estaría implicado en las irregularidades, pero sus delitos habrían prescrito. Al ser entrevistado, Ñique Alarcón aseveró que nunca fue llamado al Congreso para presentarse ante la Comisión Lava Jato. “A mí no se me convocó. Mi papel, fundamentalmente, fue el de ver cómo acelerar los trabajos para adelantar los beneficios de ese proyecto para la región y el país. Yo revisé el contrato y sí vi algunas contradicciones y unos vacíos pero era un contrato que ya estaba suscrito, estaba firme y no era posible modificar nada ya”, enfatizó el exfuncionario. Más aún, dio a conocer que de estos hechos estaba muy bien enterado el presidente del Consejo Directivo del PECh, Manuel Llempén Coronel. “Yo me aboqué a la revisión de la parte técnica para ver cómo se adelantaba en la ejecución de las obras, sobre todo en la presa Palo Redondo que ya estaba financiada. El contrato de concesión establecía que el Estado peruano tenía que financiar todo lo que era la primera fase, es decir, la presa de Palo Redondo en sus obras complementarias; y el concesionario tenía como obligación conseguir el dinero para ejecutar todo lo que era la segunda fase, es decir, la construcción del canal, 127 km de canal”, recalcó Ñique. El exgerente general del PECh aclaró que el Estado peruano sí cumplió con su compromiso de financiamiento de lo que era la presa. “Pues consiguió el dinero a través de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y teniéndose ese dinero y la logística disponible, era posible empezar inmediatamente las obras de Palo Redondo”, acotó.
