Óscar Mollohuanca denuncia que un sector político quiere sancionar penalmente a los que critican la forma en que se extraen los recursos mineros, como ocurre en Espinar.,El ex alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Óscar Mollohuanca, advierte que detrás de la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ica, para que se le inicie un nuevo proceso judicial, existe un interés externo. No cree que haya sido una deliberación puramente jurídica porque considera que la argumentación de los magistrados de esta sala no tiene fundamento válido y, a todas luces, es forzada. PUEDES LEER: Óscar Mollohuanca: No voy a correrme de la justicia En primera instancia, el Poder Judicial había resuelto su inocencia en la comisión del delito de disturbio que le endilgaron a raíz del paro que los espinarenses se vieron obligados a realizar en mayo del año 2012 para que el Estado brinde atención médica a la población contaminada con metales pesados. “En el fondo, lo que los jueces quieren es que de todas maneras nos condenen forzando argumentos, tal como está en el texto de la sentencia que han emitido. Dicen que el juez de primera instancia no ha valorado algunas pruebas incriminatorias que están en el expediente”, precisa el exburgomaestre. Se trata de testimonios como el de un chofer de la Fiscalía que dice que vio a Mollohuanca el 28 de mayo del 2012 dirigiéndose a los pobladores para que cierren las vías y radicalicen la protesta. “Eso es totalmente falso. Por eso digo que la argumentación de esta sala no tiene fundamento válido. Ha sido forzada por algún interés externo. Vivimos en un Estado que como sea quiere penalizar a quienes somos críticos de la forma como se extraen los recursos mineros en el país, en este caso, en Espinar”, anota Óscar Mollohuanca. La resolución que anula la sentencia que declaró su inocencia será apelada esta semana. Refiere que tienen diez días para presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. Tres soportes El abogado constitucionalista del Instituto de Defensa Legal (DL), Juan Carlos Ruiz Molleda, comenta que la criminalización de la protesta tiene una estrategia con tres soportes. Primero, los estados de emergencia preventivos, como los que han declarado en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, a lo largo de 482 kilómetros, con 500 metros a cada lado. Estos se han ido prorrogando por novena vez en Challhuahuacho y por cuarta vez en el corredor vial, sin que exista un hecho debilitante del orden interno. Ruiz Molleda señala que el segundo soporte de la criminalización de la protesta tiene que ver con los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional, como ocurre en Las Bambas. Luego añade que el tercero es la legislación penal que promueve la judicialización. “El artículo 200 del Nuevo Código Penal dice que es delito de extorsión tomar una carretera pública o tomar un local público. Pero delito de extorsión es otra cosa. Por eso digo que tienen una estrategia de criminalización con tres soportes”, cuestiona el abogado, tras indicar que ya ha presentado una denuncia de inconstitucionalidad. Juan Carlos Ruiz precisa que a pesar de esta estrategia para evitar que la población exprese su derecho a la protesta, la ciudadanía tiene exigencias que deben ser escuchadas. Resalta lo que sucede con los habitantes de Apurímac, donde demandan una compensación por los daños que les causa el ruido y la polvareda levantada por cientos de camiones encapsulados que trasladan minerales del proyecto Las Bambas. Al menos 246 denunciados con criminalización de las protestas Setiembre 2007. Caso Porcón, Cajamarca, contra Minera Yanacocha por afectación de sus aguas. 32 denunciados. Marzo 2008. Caso Majaz, Piura, contra proyecto Minero Río Blanco. 33 dirigentes denunciados. Marzo 2008. Caso Andoas, Loreto, contra Pluspetrol por contaminación. 50 nativos y mestizos detenidos. 21 procesados. Junio 2009. Caso Bagua. Paro indígena contra leyes. 77 denunciados. Noviembre 2011 – septiembre 2012. Caso Conga, Cajamarca, contra Yanacocha. 54 denunciados. Mayo 2012. Caso Espinar. Protesta contra Xtrata. 4 denunciados. Abril 2015. Tía María. Al menos 13 sentenciados y 12 acusados (sin incluir a implicados en extorsión).
