El Perú vive una situación política tan volátil que mientras escribo esta columna no es posible saber si nuestro Presidente seguirá en el cargo a la hora que se publique. La respuesta que Pedro Pablo Kuczynski ofreció el jueves no disipó las dudas sobre los vínculos de las empresas First Capital y especialmente Westfield Capital con Odebrecht, pero dejó claro que hará lo posible por salvarse en el cargo. Detrás de esta dilación podría estar la idea de comprar el tiempo que se pueda, con la esperanza de que las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial alcancen de lleno a Fuerza Popular y abran una nueva sucesión de prisiones preventivas que nivelen la cuenta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un cálculo que dependería de muchos azares y que parece irreal, viendo la velocidad con que se han movido las diferentes bancadas para apoyar la vacancia de PPK en caso no renuncie. Con la salida de Kuczynski serían tres los ex presidentes arrinconados por la corrupción de Odebrecht. Ollanta Humala ya está en prisión, Alejandro Toledo afronta un proceso de extradición que está por vivir sus horas cruciales y Kuczynski, una vez perdida su inmunidad constitucional, sería pasto fácil de las acusaciones por colusión y cohecho. Los tres tienen en común su extrema debilidad frente a la alianza Fuerza Popular-Apra y su caída en desgracia no es una mera coincidencia. Así parece entenderlo la propia empresa Odebrecht, que se ha lanzado de lleno a cumplir el papel de actor en la política peruana, entregando convenientemente los documentos que le han servido a Fuerza Popular para acreditar una nueva mentira de PPK, iniciando la espiral de su caída. Este ramo de olivo puede ser el principio de una colaboración que satisfaga los intereses de ambas partes y dará mucho juego a las suspicacias. Odebrecht tiene las armas para muscular la ofensiva fujimorista y ayudar al intento de salvar a Keiko Fujimori de la justicia, y Fuerza Popular tiene una mayoría parlamentaria que podría garantizarle algunos niveles de impunidad a la constructora brasileña. Habrá que estar muy alertas por las repercusiones que esta alianza político-empresarial pueda tener sobre el desenvolvimiento del proceso anticorrupción. Con estos antecedentes, la autonomía, energía y aplomo que demuestren en adelante los fiscales y jueces peruanos será clave. De ellos dependerá que los intereses partidarios no terminen de enturbiar las investigaciones. Tendrán que afrontar los embates de Fuerza Popular, muy activo en el ataque a las instituciones que le resultan incómodas, como lo prueban las acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación y la violenta ofensiva contra el Tribunal Constitucional. Así están las cosas en Perú. Con muchas sombras y la necesidad de un milagro para disiparlas.
