Fiscalía militar involucra a 37 efectivos PNP en presuntas ejecuciones extrajudiciales

Un caso que continúa impuneCadena de mando. Fuero privativo judicial dispuso investigar a cuatro generales, siete coroneles, cuatro comandantes, tres capitanes y 19 suboficiales para establecer si cometieron delitos de función como desobediencia y falsedad durante operaciones policiales en las que abatieron a delincuentes.,Fiscalía militar involucra a 37 efectivos PNP en presuntas ejecuciones extrajudiciales,El Fuero Militar Policial abrió investigación preliminar a 36 efectivos, entre altos oficiales y subalternos de la Policía Nacional, vinculados con presuntas ejecuciones extrajudiciales en agravio de 27 personas abatidas durante operaciones que se registraron en Lima y provincias entre los años 2012 y 2015. La resolución se produce no obstante que la fiscalía especializada en Crimen Organizado mantiene en curso pesquisas por los mismos hechos y contra los mismos policías en actividad y en retiro. PUEDES VER 4 terroristas muertos y 13 narcotraficantes capturados tras operaciones en el Vraem Entre los presuntos imputados se encuentran cuatro generales, siete coroneles, cuatro comandantes, tres capitanes y 19 suboficiales de los diferentes grados. De acuerdo con el fuero privativo judicial, los investigados preliminarmente son el actual jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP José Baella Malca; el ex jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin) general PNP (r) Claudio Tello Benites; el ex jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) general PNP (r) Vicente Álvarez Moreno; y el ex titular de la Dirincri general PNP (r) César Cortijo Arrieta. Con los mencionados han sido comprendidos los coroneles PNP César Iturrizaga Cruzalegui, Juan Padilla Alvarado, Joseph Livia Gonzales, Manuel Roncalla Durand, Naoki Tokashiki Guevara, Edgardo Garrido López y Carlos Aguilar Reyes. También los comandantes Raúl Prado Ravines, Joel Valdivia Montoya, Marco Jara Urlich y Fernando Fonseca Schiaffino. La Fiscalía Suprema de Justicia Militar Policial, a cargo del general (r) PNP Emilio Arce de la Torre Bueno, resolvió iniciar la investigación a los 36 efectivos policiales para determinar si cometieron delitos de función, en la modalidad de desobediencia y falsa información, contraviniendo el reglamento y las normas que regulan la Policía Nacional, durante su desempeño en las unidades que participaron en las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Baja sospecha Según la decisión de la Fiscalía Suprema, “Oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que efectuaban operativos policiales contra delincuentes comunes, que previamente eran captados para cometer un ilícito, al ser intervenidos dichos sujetos resultaban muertos. La finalidad (de estos operativos) era que los efectivos policiales obtuvieran ascensos y reconocimientos meritorios por parte del Comando Policial”. Los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en las que participaron los imputados son los siguientes: 11.06.2011 Caso Santa Anita: cuatro muertos. 06.09.2102 Caso La Floresta-Chincha: dos muertos. 18.11.2012 Caso Puente Piedra: cuatro muertos. 04.12.2013 Caso Chiclayo: seis muertos 09.09.2014 Caso Ate-Vitarte I: un muerto. 09.10.2014 Caso Ate-Vitarte II: tres muertos. 27.02.2015 Caso Piura: cuatro muertos. 29.06.2015 Caso Ramiro Prialé: cinco muertos De acuerdo con la Fiscalía Suprema de Justicia Militar Policial, detrás de las operaciones estaba el grupo de inteligencia que contaba con informantes que se encargaban de “centrar” (identificar) a presuntos delincuentes mediante engaños, haciéndoles creer que participarían en un secuestro, asalto o robos millonarios. Una vez conseguido el objetivo, los informantes daban cuenta a un equipo especial de la Policía Nacional, cuyos integrantes, apoyados por efectivos de las unidades de élite, llegaban al punto de encuentro, donde los sorprendían y acribillaban. Luego informaban a la prensa que las víctimas cayeron en falsos enfrentamientos armados. Debido a su complejidad, el caso fue asumido por el fiscal de Crimen Organizado Álvaro Rodas Farro, quien tiene como hipótesis que el grupo especial de inteligencia era dirigido por el comandante Raúl Prado Ravines. Prado reportaba a su comando que los delincuentes habían sido eliminados por oponer resistencia durante un enfrentamiento. El objetivo era obtener ascensos, condecoraciones y felicitaciones, así como el uso indebido de la partida de dinero de inteligencia. Comando organizado Según la fiscalía de Crimen Organizado, el comandante Raúl Prado no actuaba solo sino con la complicidad de sus jefes de unidad, donde laboró como cabeza de un grupo de inteligencia junto a efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT). Prado ha rechazado públicamente las imputaciones y se ha presentado a todas las citaciones para responder a las autoridades. Actualmente el comandante Raúl Prado se encuentra en situación de disponibilidad en la Policía Nacional. Hasta el momento, la Fiscalía de Crimen Organizado tiene 64 investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y asesinato calificado. Ante estos hechos, el fiscal militar adjunto, coronel EP Celestino Causillas Aguilar, solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional la concurrencia de los efectivos a la sede del Fuero Militar Policial para que presten su manifestación. Por su parte, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general PNP José Baella Malca, dijo estar sorprendido de que el Fuero Militar Policial lo haya comprendido en la investigación porque nunca ejerció mando en las operaciones que terminaron con la muerte de varios sospechosos. “No tengo ninguna responsabilidad en estos hechos. Cuando tenía el grado de coronel y me desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Dircote, solo me encargué de que los planes de operaciones tenían que ser visados por el jefe inmediato superior. Yo nunca he dirigido ninguna operación, menos he matado a nadie, solo tenía un cargo administrativo”, enfatizó el general José Baella. Investigados Capitanes PNP Emilio Montoya Media Mario García Chávez Wilfredo Sullca Llamoca Suboficiales PNP William Tasayco Mendoza Martín Quispe Medrano José Medina Baca Walter Quiñónez Loayza Téfanes Sánchez Lizarnme Luis Mio Morocho Edgardo Vilela Mandujano Ángel Espinoza Toribio. Jorge Requejo Carranza Luis Olivares Sánchez Humberto Velásquez Cabrera Manuel Angulo Lescano Eduardo León Arroyo Aldo Herrera Yarasca José Suárez Chávarry Hairo Castillo Gómez Jhonattan Ramírez Grández Si policías colaboraron con bandas pueden recibir 30 años El presidente del Fuero Militar Policial, general de brigada EP (r) Pablo Ramos Espinoza, confirmó a La República que, efectivamente, existe una investigación preliminar contra 37 policías, entre los que figuran cuatro generales –uno en actividad y tres en retiro– por presuntas vinculaciones con el caso de ejecuciones extrajudiciales. “Nosotros no investigamos asesinatos, ni robos, sino juzgamos si el efectivo policial cometió delito de función o infringió las leyes de nuestro Código Militar Policial. Y en el hipotético caso de que se le encuentre responsabilidad, el policía habría cometido el delito de desobediencia y será sancionado con una pena de 6 años de cárcel”, apuntó el general Ramos. Explicó que en el caso de haber suministrado información falsa sobre asuntos de servicio, la fiscalía tendrá que determinar si hubo intencionalidad y que a sabiendas los policías ejecutaron las operaciones. Este delito está penado con 5 años de carcelería. El general Pablo Ramos indicó que si durante el transcurso de las investigaciones surgen otros delitos, como colaboración a las bandas criminales, la pena no es mayor a los 30 años.