La impunidad tiene patas cortas, por Diego García-Sayán
"Los tiempos que corren no sostienen, avalan o garantizan impunidad a quienes cometen crímenes desde el Estado, violan los DDHH o atropellan el Estado de derecho".
El país continúa cercado y sometido por el Pacto de los Corruptos, articulación retardataria entre el Congreso corrupto y las cabezas de otras instituciones del Estado. Pacto —que suena indisoluble— entre ese Congreso que solo busca sus propios intereses y un gobierno gris, que solo busca durar en el poder.
Otros dos integrantes medulares: la exfiscal de la Nación Benavides, hoy investigada nada menos que como cabeza de una red de organización criminal. Y la cuestionada cabeza del actual Tribunal Constitucional.
El Pacto apuntala y sostiene la impunidad. Es parte esencial de su identidad. Por ejemplo, frente al crimen desde el Estado contra 49 peruanos y peruanas inocentes el 2022 y 2023. O numerosas acusaciones de corrupción. O el persistente bombardeo al equilibrio fiscal para sostener a uno de los aliados más extremistas, el alcalde de Lima.
Impunidad: columna vertebral
Es particularmente grave el caso de la exfiscal de la Nación Benavides, ejemplo extremo lo que se le imputa, de lo que es servirse impunemente —hasta ahora— de un alto cargo público para beneficio personal. Y para que, desde esa alta función, se garantice impunidad frente a graves delitos. Para ella, sus familiares y todos aquellos que sean parte del pacto.
La sui generis exfiscal de la Nación —ahora suspendida— es, en sí misma, excelsa pieza medular del aún impune pacto. Una de las últimas imputaciones a ella: prestamente ayudar a la investigada presidenta Boluarte para su impunidad. La entonces fiscal de la Nación Benavides, en escandaloso y delictivo pase, antes de interrogar a la presidenta por las 49 muertes impunes del 2022, le habría alcanzado las preguntas, violando arteramente una de las obligaciones esenciales del Ministerio Público.
“Comunidad internacional”: no es una abstracción
Los tiempos que corren no sostienen, avalan o garantizan impunidad a quienes cometen crímenes desde el Estado, violan los derechos humanos o atropellan el Estado de derecho. Al revés. Los espacios institucionales e internacionales son públicos, muy conocidos, bastante claros. Y están para ser cumplidos.
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Las reglas internacionales no son “declarativas”, sino que establecen obligaciones, en positivo. Incluyen poder decir BASTA frente a los atropellos, identificar responsabilidades y establecer consecuencias por el incumplimiento de responsabilidades internacionales. Especialmente, en materias como los derechos humanos o la independencia judicial.
Los pactos de la corrupción, está demostrado, no duran para siempre. Así, quienes integraron —o sostuvieron— en Guatemala, hasta hace poco, el Pacto de los Corruptos, no están pasando piola ahora. Cuestionados por la opinión pública, se vieron después en una “lista negra”: el gobierno de los EEUU usó la Ley Magnitsky, que le otorga enormes facultades para actuar frente a extranjeros sindicados de corruptos o de violadores de derechos humanos.
La administración Biden le retiró a más de 600 congresistas, políticos y empresarios guatemaltecos la visa a los EEUU. También intervino sus cuentas bancarias y recursos financieros en el país norteamericano.
Colapsó, así, el Pacto de los Corruptos guatemalteco. Y se recuperó el rumbo de la institucionalidad democrática, que es en lo que se está hoy con la presidencia de Bernardo Arévalo. Un curso así, de salida democrática, merece el Perú.
EEUU pone las “banderillas”
El reciente informe del Departamento de Estado sobre el Perú indica que en Washington la administración Biden tiene claras las cosas. Ha pasado dos semanas desde que se publicó sin que absolutamente nadie en el gris establishment peruano se haya atrevido a cuestionar una afirmación o apreciación de las tantas contenidas en el documento.
Recoge información medular sobre muy graves hechos: muertes arbitrarias o ilegales sometidas por agentes del gobierno (aludiendo a las 49 muertes, aún impunes, de diciembre del 2022); casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, seguidos de la impunidad; centros de detención (cárceles) saturadas e insalubres; detenciones arbitrarias masivas en el contexto de las protestas sociales; ataque sistemático a la independencia judicial y a la separación de poderes (destitución arbitraria de la fiscal Zoraida Ávalos); y socavamiento de la independencia judicial al pretender minar y demoler la JNJ.
Asimismo, disrupción y ataques a la libertad de expresión por la actuación sin castigo ni restricciones de impunes grupos extremistas como “La Resistencia” y “Los Insurgentes”, vinculados a partidos políticos que son parte del Pacto.
Todo un “rosario” de violaciones a los DDHH y al Estado de derecho es lo que reporta el reciente —y último— informe anual sobre el Perú del Departamento de Estado. Algo que no se vivía —ni leía— desde los tiempos de la autocracia del fujimorato.
Lamentablemente, los medios de comunicación locales han sido pobres —o silentes— en la cobertura de este informe. Se ha publicado en Washington, por ahora, solo en inglés, pero que por su relevancia sustantiva merecería ser traducido localmente y publicado íntegramente en castellano. Importante que se conozca.
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No se está solo ante lo que podría considerarse una mera “opinión” más. Primero, porque recoge información crucial sobre muy graves hechos en el proceso de demolición democrática en marcha. Segundo, se destaca medularmente las amenazas y agresiones a la independencia judicial. Crucial, en ello, el penoso papel de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides operando presuntamente desde el cargo para beneficio personal y de su familia.
Y se queda el informe corto por hechos sobrevinientes. Por ejemplo, la imperdonable —y reciente— abdicación del TC. En violación frontal al Estado de derecho, restituyó ilegalmente la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El magistrado del TC Manuel Monteagudo señaló, con precisión, que ese fallo ilegal del TC está “interviniendo en un proceso en curso, se está deteniendo una decisión de la justicia”.
Al contribuir a desmontar la JNJ y a que el Congreso intervenga políticamente a la justicia, el TC estaba desmontando una pieza crucial en la independencia judicial. Nada menos que el máximo órgano de tutela de la Constitución culminó con las tareas talladas a mano de demolición constitucional que habían venido impulsando tanto el Congreso como la cuestionada exfiscal.
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Condiciones para la aplicación de la Carta Democrática
Concurren todas las condiciones para la aplicación al Perú de la Carta Democrática Interamericana por los órganos pertinentes del sistema interamericano. Eso por la evidente “ruptura del orden democrático” o “alteración del orden constitucional” a que se refieren los artículos 19 y siguientes del documento.
No conozco ningún caso en el que, ante un informe así de claro y comprehensivo, haya funcionado eso de ponerse de perfil y hacer en la OEA como si el mismo no existiese.
En cualquier caso, no es posible soslayar la responsabilidad de la mayoría de medios de comunicación locales que han ignorado —hasta ahora— el informe. O que, en el mejor de los casos, le han dedicado un espacio/tiempo marginal.
Se sabe que el Pacto de Corruptos apunta a controlar el sistema electoral. El sector retardatario —ostensiblemente— le ha puesto precio a la cabeza del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas, el siguiente “bocado” del Pacto Corrupto, apuntando a las siguientes elecciones generales.