Estados Unidos vive una fase de tensión política creciente. La desaprobación del presidente Donald Trump aumenta mes a mes y marca un descenso sostenido en su respaldo ciudadano. Diversas encuestas nacionales registran niveles de rechazo que superan el 60 %, con picos aún mayores en algunos sondeos. Este dato configura un escenario de fragilidad política a pocos meses de las elecciones legislativas.
En el sistema federal estadounidense, las elecciones de medio término definen la capacidad real de gobierno. El Ejecutivo requiere mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado para impulsar leyes, aprobar presupuesto y sostener su agenda internacional. Por tanto, noviembre representa un punto de inflexión para la administración.
Este escenario interno coincide con acciones exteriores que reconfiguran el tablero global y redefinen la relación de Estados Unidos con el derecho internacional. Las intervenciones recientes en Venezuela y en Irán ponen a la política exterior con un peso central en la disputa interna.
Al respecto, también es cierto que el régimen iraní ha sometido a su población a abusos sistemáticos y violencia estatal bajo una perspectiva teocrática y totalitarista. En los últimos veinte años, se estima que decenas de miles de personas han sido ejecutadas o encarceladas por motivos políticos, religiosos o de opinión, según informes de organizaciones de derechos humanos.
También es cierto que la ejecución del líder supremo iraní y de su familia no implica automáticamente un cambio de régimen, de manera similar a lo ocurrido con Nicolás Maduro en Venezuela. En ambos casos, las cúpulas pueden mantenerse o incluso radicalizarse frente a crisis internas.
En medio de todo esto, el sistema político estadounidense asigna al Congreso un rol determinante en materia de guerra y uso de la fuerza. Esa arquitectura institucional ha sostenido la estabilidad republicana durante más de dos siglos.
En este contexto, la dimensión ética adquiere relieve. El papa León XIV, líder de la Iglesia católica y ciudadano estadounidense, formuló un llamado que interpela a Gobiernos y sociedades a que se asuma “la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable. Que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica, basada en la justicia”.
Esos principios también estructuran el orden internacional consolidado tras la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos desempeñó un papel central en la construcción de alianzas y reglas comunes. Esta administración, ante la deslegitimación que ha provocado —por ejemplo, con la creación de ICE— y los posibles resultados políticos negativos que ello conlleve, no debería utilizar esa situación como motivo para imponer un cambio de orden global que promueva la violencia sobre el diálogo como solución a los conflictos.