Todo pasa por el lobby de la universidad bamba, por Rosa María Palacios

Esta semana, un megaoperativo de incautación de 295 bienes con un valor aproximado de 1000 millones de dólares sorprendió al país. El clan familiar Ramírez y sus negocios vienen siendo investigados desde hace varios años. Sus activos manchados, que se mezclan con los de la universidad no licenciada Alas Peruanas en operaciones a veces abiertas, a veces opacas, permitieron a la Fiscalía solicitar y lograr una medida judicial que no tiene precedentes.

Gracias a la reforma universitaria del 2015, cuando se crea Sunedu, la educación universitaria peruana ha dado un salto gigantesco hacia una mejora sustantiva de su calidad. Es imposible lograr un nivel de desarrollo y prosperidad para toda la sociedad sin ese componente.

Ningún país lograr sacar a sus ciudadanos de la pobreza sin educación. Ningún país puede ser gestionado, en lo público o lo privado, sin educar. Ningún país incrementa su PBI descuidando la calificación de su mano de obra o aumentando su productividad. Ningún Gobierno logra mejoras en sus metas de gestión sin un cuerpo profesional meritocrático, altamente especializado. No hay más camino que apostar por la educación superior de calidad.

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Sin embargo, la reforma universitaria se topó con una realidad pavorosa. Miles de padres pagaban pensiones modestas, pero esforzadísimas, para cumplir el sueño de toda familia pobre: dar a sus hijos una mejor vida a través de la educación universitaria. Sin embargo, ese cartón era un engaño. Por sí solo, no mejoraba en nada las posibilidades de empleo del egresado. Se culpaba a la situación económica, a la falta de empleo y a la informalidad. La realidad es que miles de estudiantes fueron vilmente estafados mientras que clanes familiares se hacían multimillonarios.

Sunedu rechazó el licenciamiento de 49 dizque universidades. Una de ellas es Alas Peruanas. Un negocio gigantesco quedó fuera del mercado. Se les permitió continuar con un plan de cierre. Pero aprovecharon el tiempo para asaltarlo todo: el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Educación y, finalmente, la propia Sunedu.

No hay en esta alianza matices ideológicos. Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos, Acción Popular o Perú Libre, da lo mismo. Sus aliados están en universidades privadas que se licenciaron con las justas o fueron severamente multadas y en universidades públicas que, pese a ser rescatadas con una inyección sin precedentes de recursos del Estado, tienen cúpulas a las que la reforma hace perder mucho de su poder. Cúpulas donde “meritocracia” es muy mala palabra.

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El lobby universitario bamba tiene muchos aliados. El Gobierno de Boluarte necesita a sus congresistas. Permitir su regreso es la moneda de cambio. Pronto, Sunedu les permitirá abrir matrículas a nuevos alumnos con cualquier excusa. Ese es el botín grande. El Tribunal Constitucional, contradiciendo toda su jurisprudencia de una manera grotesca, es tributario de ese poder que lo eligió.

El ministro de Educación, de la multadísima Universidad San Martín (a quien hasta sus colegas ministros han pedido modere su lenguaje en los consejos), es funcional a estos intereses. A veces se camuflan bajo una supuesta ideología conservadora. Pero lo que hay de fondo es el negocio.

Eliminaron a los 5 miembros del directorio de Sunedu elegidos por concurso público de méritos y los sustituyeron por representantes de las universidades y anexos. Más que currículum, hay prontuarios. El nuevo superintendente Manuel Castillo dijo esta semana “los rectores vuelven al poder”. Puede vomitar, si gusta. Esto no tiene remedio. Por ahora.

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Entre las tesis de Pedro Castillo y las de Patricia Benavides no hay sino una sola diferencia: una es plagiada y la otra nadie la ha visto. Pero ambas provienen de la misma realidad prereforma. Universidades máquinas de titular para garantizar un ascenso meritocrático, sin mérito real alguno. Si a eso se adiciona la ilicitud de los negocios conexos, no solo tenemos la consagración de un pésimo servicio, sin ningún retorno para la sociedad, sino también tapaderas de actividades criminales.

Mientras tanto, y no es un detalle menor, el Congreso intenta modificar la ley de pérdida de dominio para restringir la incautación de bienes. La propuesta es de Fuerza Popular y apoyada por todos en la Comisión de Justicia. Como ven, todo pasa por el mismo sitio.

¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo soportar el peor de los lobbies que solo sabe repetir “caviar, caviar”? (Por los que usan la palabra, pronto será jerga canera). Si la pulcritud de la educación superior no es una meta nacional, estamos perdidos. Recuérdelo la próxima vez que vote.