La tecnología no es culpable
El Congreso de la República busca endurecer las penas por difamación en redes sociales.
Se ha aprobado en la Comisión de Justicia una iniciativa que busca incrementar la severidad de las penas por el delito de difamación cuando se produzca en medios de comunicación y en redes sociales. Esta propuesta pretende limitar la libertad de expresión para ciudadanos que encuentran en el espacio digital una forma de plantear sus disensos, y en el caso de los periodistas podría ser una obstrucción a la libertad de prensa que les garantiza el cumplimiento de su profesión.
Cuando en América Latina se está impulsando la necesidad de ventilar los casos de difamación en el campo civil y no penal, desde el Congreso se busca limitar el ejercicio de libertades que tienen respaldo en todas las convenciones internacionales de derechos humanos y que cuentan con garantías en el sistema democrático.
Es además reiterativa, porque ya existe legislación sobre el delito de difamación y se ha usado para perseguir actos ilícitos inclusive en entornos digitales.
El especialista Erick Iriarte, en entrevista para La República, indica que esta iniciativa del Congreso —que tiene el respaldo de diversas bancadas— busca coartar la libertad de expresión y no tiene como objetivo proteger el honor de las personas.
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Hay en las autoridades políticas una necesidad de controlar la crítica de los ciudadanos sobre su gestión. La multiplicación de mensajes de este tipo nunca ha sido tan eficaz como ahora con las redes sociales, en las que se amplifica la voz de los mensajeros sin mayor control que un buen proceder y la propia responsabilidad acerca de lo que se emite.
El tipo penal de la difamación ya está establecido. Agravarla porque molesta a las personas que consideran que se está diciendo algo que no les gusta va en contra no solo de la corriente legal que se orienta hacia otro manejo de la situación, sino que se les concede a las autoridades un control de las críticas de los ciudadanos que están ahora en mejores condiciones de plantear sus criterios particulares.
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Por ello, las organizaciones que defienden las libertades de información, prensa y expresión se han pronunciado contra el proyecto de ley, básicamente porque en manos de políticos y funcionarios con poder puede provocar un escenario lamentable para la consolidación de los derechos civiles y las libertades, que deben ser defendidos. Porque el derecho de expresión es para todos.