El andamiaje legal
Dos años después, los argumentos para destituir a Martín Vizcarra se vienen abajo.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato Germán Juárez Atoche, después de 2 años de investigación preparatoria, archivó 4 de los 5 delitos por los que se inició el proceso contra Martín Vizcarra en el 2020. Solo sobrevivió el presunto cohecho pasivo propio por su gestión como gobernador regional de Moquegua. Se quedaron en el camino la colusión agravada, el cohecho pasivo impropio y la asociación ilícita para delinquir, cometidos dentro de una organización criminal.
El cohecho del que se le acusa se define como la acción de aceptar un dinero por parte de un funcionario o servidor público para realizar un acto propio de su cargo sin faltar a sus obligaciones. Lo que está sobreviviendo de todo el ‘Expediente Vizcarra’ es la referencia al dinero. El juicio se reducirá a establecer si se realizaron los pagos. Se están retirando los delitos adicionales, aunque las declaraciones y testimonios se mantienen.
Una de las tesis era que Vizcarra concertó con los empresarios para defraudar al Estado. Ese cargo ya no va. Se decía que cometió el delito como parte de una organización criminal. Al retirar la asociación ilícita, tampoco subsiste la acusación de organización criminal.
Dos años después, luego que este andamiaje legal sostenido por medios de comunicación y el propio Congreso sirviera para justificar políticamente la declaración del expresidente Vizcarra como moralmente incapaz y destituirlo de la presidencia, el Ministerio Público no puede sostener fehacientemente; es decir, con pruebas; que todos sus dichos, multiplicados por efecto de la difusión en medios de comunicación a los que acudió muy diligentemente a sustentar su acusación, sean ciertos.
Aunque el expresidente Vizcarra tiene todavía otros casos e investigaciones, el principal siempre fue su vinculación con el Club de la Construcción. De esta investigación es que se han anulado 4 de 5 delitos.
Finalmente, aunque la destitución por razones morales es irreversible, pese a que el tinglado legal se haya venido literalmente abajo, queda aún por verse qué pasará con la inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años, que sigue en pie y que también tuvo como base la prolífica difusión de los presuntos delitos, esos mismos que ahora se están archivando.
