Violencia sexual como arma de guerra

La semana pasada un tribunal de Guatemala condenó a cinco exparamilitares por crímenes contra la humanidad, en la forma de violencia sexual, en agravio a cinco mujeres indígenas maya achi entre 1981 y 1982, los años más violentos de uno de los conflictos armados internos más sangrientos de América Latina. Fueron condenados a la pena máxima de 30 años de cárcel.

Demoró la justicia 40 años desde los hechos y 11 desde que las mujeres hicieron la primera denuncia. El primer fiscal del caso no creía conveniente investigar “casos así”. Luego de que capturaron a 7 de los 10 acusados, uno murió y la jueza de instrucción desestimó los cargos contra los otros 6 y fueron liberados.

Pero las mujeres achíes no se dieron por vencidas. Recusaron a la jueza por su actitud discriminatoria y por no tomar en cuenta sus declaraciones como medio de prueba. Con otro juez a cargo, el juicio tomó nuevo rumbo. En 2021, envió a juicio a tres de los que fueron liberados y dos fugitivos recién capturados.

El juicio oral y público se realizó entre el 4 y el 24 de enero del 2022. El tribunal determinó, siguiendo la jurisprudencia internacional, que los testimonios de sobrevivientes de violencia sexual son medios de prueba, y ordenó reparaciones integrales para las mujeres. Es la segunda condena contra exmilitares por violencia sexual contra mujeres indígenas, luego de la condena de dos militares por violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica de 15 mujeres q’eqchi’ de Sepur Zarco en 2016.

Es poco común que el delito de violencia sexual sea juzgado y menos condenado, sea en tiempos de guerra o de paz. En el Perú, solo existe una condena por violencia sexual durante el conflicto, a pesar de que el Registro Único de Víctimas documenta más de 5.000 casos de violencia sexual.

En marzo del 2019, comenzó un juicio contra 14 militares acusados de violencia sexual contra 11 mujeres de Manta y Vilca, comunidades en Huancavelica, entre 1984 y 1991. Demoró más de un año escuchar los testimonios de nueve de las mujeres sobrevivientes. El primer juicio, que empezó en 2016, se quebró luego de que los abogados de las mujeres recusaron a una de las juezas por estar involucrada en un caso de corrupción y por no actuar de modo imparcial.

La lucha de las mujeres achíes, q’eqchíes, y quechuas demuestran que es posible para las sobrevivientes de violencia sexual, sea en tiempos de guerra o de paz, romper el silencio y acceder a la justicia. Corresponde a los sistemas de justicia asegurar la imparcialidad de los jueces, mejor eficiencia en hacer justicia, y más sensibilidad hacia las víctimas. A través de su búsqueda de justicia, las mujeres en Perú y Guatemala están ayudando a reescribir la historia reciente, develando que la violencia sexual durante el conflicto armado interno no fue un hecho aislado, sino una herramienta de guerra desplegada por los militares para someter a las poblaciones indígenas.