Socióloga, con un máster en Gestión Pública, investigadora asociada de desco, activista feminista, ecologista y mamá.

Un comunismo fuji-porciano, por Marisa Glave

Las decisiones estratégicas del Congreso reflejan un pacto de impunidad entre diversas bancadas, con el fin de perpetuar su poder y controlar el escenario electoral peruano.

Esta semana estrenamos nuevo presidente. Pero este cambio suena más a continuidad que a ruptura. José María Balcázar, antes que representante de una izquierda radical, es un componente funcional del pacto de impunidad instalado en el poder desde el Congreso.

Pero como en la política se ha implantando la lógica de la mentira cínica, donde lo que cuenta es la narrativa falsa pero performativa que busca transformar la percepción de la realidad, las y los voceros de la derecha conservadora – particularmente el Fujimorismo y Renovación Popular – señalan a diestra y siniestra que lo que ha ocurrido en el país es la toma del poder por parte del “comunismo”.

No nos confundamos, este tipo de narrativas no buscan realmente cambiar la realidad, sólo la percepción ciudadana acerca de lo que está pasando. Ni la señora Chacón o la señora Yarrow esperan que Balcazar mañana decida nacionalizar Camisea o emitir un Decreto Supremo con elevación de tasas que afecte exclusivamente al empresariado, o impedir un próximo concierto de Bad Bunny. Pero sí quieren que nosotros, las y los ciudadanos, creamos que estamos ad portas de una revolución comunista.

¿Por qué buscan esto? Porque quieren librarse del peso del gobierno del pacto de impunidad. Del peso en términos de gestión desastrosa, pero sobre todo en términos de agravio social.  Dina Boluarte fue su alfil en la captura del poder y su operadora, con un saldo de cincuenta compatriotas muertos por la represión del régimen. Pero era tan evidente que la señora no tenía ningún respeto o conexión con sus electores, que por el contrario respondía exclusivamente a los antojos de los partidos que gobiernan desde el Congreso, preocupada por salvarse de procesos de fiscales, como sus socios, antes que por la vida de transportistas asesinados por la extorsión, que necesitaron cambiarla. Finalmente, ya había convocado a elecciones y destituirla no suponía que los congresistas dejaran sus curules anticipadamente.

La nueva ficha, Jerí, les duró poco. El show del Bukele peruano, con camisa remangada, interviniendo en penales, no servía de nada. La inseguridad aumentó, los asesinatos también, no logró ni entregar un plan de seguridad. También en su periodo la represión policial cobró la vida de un peruano y dejó varios heridos. Los posibles lobbys, el manejo sexista de empleos y la reapertura de su investigación por violación sexual lo hacían insostenible. Lo tenían que cambiar.

Pero necesitaban un rostro que pareciera diferente y que mostrara una supuesta “pelea” entre ellos. No podían poner a una representante evidente, como María del Carmen Alva.

El pacto y la captura del poder

No existe en el país un arreglo programático sólido y público entre los actores políticos que están en el Congreso. Pero sí hay una comunión de intereses precarios, tanto políticos como subalternos. Congresistas de bancadas supuestamente muy disímiles programáticamente, incluso ideológicamente, comparten visiones conservadoras, profundamente machistas y homofóbicas, opuestas a un enfoque de derechos, que identifican lo “caviar” como el enemigo principal, justificando así su asociación perversa. Perú Libre o el Bloque Magisterial, que supuestamente representan a corrientes de izquierda marxista, no tienen ningún empacho con aliarse al Fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País para entregar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

Pero este entendimiento político es menos importante que el verdadero hermanamiento alrededor de la política de impunidad. Las llamadas normas “pro crimen” han beneficiado a la extorsión al atar de manos a operadores de justicia reduciendo su discrecionalidad y limitando sus herramientas, pues podían afectar a representantes del pacto y a actuales parlamentarios. La noción de Fuji-Cerronismo sale de este entendimiento entre Cerrón y la señora K. Pero va mucho más allá. Alianza Para el Progreso y Renovación Popular tienen igual o más poder en el gobierno del pacto, tanto en la versión de Boluarte como la de Jerí.

Desde este arreglo subalterno la derecha conservadora en el parlamento ha gobernado con los supuestos comunistas.  La no elección de Alva no quiere decir que hayan soltado el poder. Quiere decir que lo controlan desde su otro brazo, como hacen con la Defensoría del Pueblo que, lejos de mantener su perfil de defensa de derechos, se usa para avalar las estrategias legales de búsqueda de impunidad.

Las elecciones, siempre las elecciones.

Pero el entendimiento logrado en el congreso requiere perpetuarse y para eso las elecciones son vitales. Han desplegado un conjunto de estrategias desde el poder, como eliminar las primarias abiertas y obligatorias que hubieran eliminado a más de la mitad de las listas que compiten, para poder así beneficiarse del peso de sus símbolos. Mientras más opciones nuevas hay, más confusión y dispersión, lo que les permite asegurar voto duro, minoritario pero suficiente para sacar la cabeza. Han elevado la valla, para lograr un menor número de bancadas y con eso “comerse” el voto disperso, generando la ilusión de grandes bancadas que en el fondo representan un porcentaje pequeño del voto. Usan su poder en el parlamento para inhabilitar a quienes les resultan incómodos. Y están buscando capturar el JNE para evitar sanciones por malos manejos.

Pero el peso del gobierno de Boluarte les pasa factura. El desastre de Jerí también. Necesitan la ficción de un cambio y sobre todo de una pelea. Colocar a alguien que no parezca ser, al menos no tan nítidamente, un representante consensuado del pacto. Por eso Balcázar, figura poco visible de Perú Libre pero que ha votado cada una de las leyes de impunidad y que sumó su voto a la captura del TC y la DP.

Este reemplazo no es un cambio. La pelea entre ellos no es real. Lo que quieren es engañarnos a los electores. Creo que esta vez no podrán hacerlo.

Marisa Glave

Desde la raíz

Socióloga, con un máster en Gestión Pública, investigadora asociada de desco, activista feminista, ecologista y mamá.