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Gustavo Petro desafía al Senado y firma cuestionado decreto para convocar consulta popular sobre reforma laboral

El decreto 0639, firmado el 11 de junio por el presidente Petro, oficializa la convocatoria a una consulta popular para decidir sobre 12 cambios en el régimen laboral colombiano.

Colombia, Gustavo Petro, reforma laboral
Gustavo Petro oficializó el decreto que llama a una consulta popular para respaldar su reforma laboral. Foto: Composición LR/ X @infopresidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles el Decreto 0639 con el que convoca a una consulta popular sobre su reforma laboral. La medida, rechazada por el Senado el pasado 14 de mayo, culminó con 49 votos en contra y 47 a favor, tildada también por le gobierno como "fraudulenta". Sectores de la oposición han cuestionado su legalidad e incluso lo han calificado como un intento de golpe de Estado.

Pese a que varios sectores políticos cuestionan el decreto y advierten que carece de base jurídica, pues la ley establece que el presidente solo puede convocar una consulta popular con aprobación previa del Senado, Gustavo Petro aseguró que ya envió el documento a la Corte Constitucional para su revisión. El anuncio se da en medio de una creciente crisis de violencia en el país, desatada desde el último fin de semana.

Decreto 0639: Petro oficializa la convocatoria a consulta popular sobre reforma laboral

El decreto firmado por Gustavo Petro convoca a una consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral. A través del Decreto 0639, el mandatario desafía abiertamente a la oposición en el Senado, que hundió la reforma en marzo y rechazó autorizar una consulta popular en mayo.

La noticia se dio a conocer a través de una publicación en la red social X (antes Twitter), donde el presidente anunció que el decreto sería enviado a la Corte Constitucional. “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo, para que exprese su orden constituyente, son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, escribió el mandatario.

Petro invoca la excepción de inconstitucionalidad para validar la consulta popular

Basado en varios argumentos, entre ellos, un fallo previo de la Corte Constitucional citado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, Petro invocó la excepción de inconstitucionalidad. Esta figura, establecida en el artículo 4 de la Constitución, permite dejar sin efecto normas o decisiones que contradigan la Carta Magna, considerada la “norma de normas”. Con este respaldo, el mandatario decidió no acatar el pronunciamiento del Senado, que el 14 de mayo emitió un concepto desfavorable frente a la consulta popular, y firmó el decreto que convoca a la ciudadanía a las urnas.

En lugar de Laura Sarabia, el decreto fue firmado por la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio, quien asumió como titular designada. También lo suscribió José Luciano Sanín, actual encargado del Ministerio del Trabajo y presidente interino de la Agencia Nacional Minera, en reemplazo de Gloria Inés Ramírez. En representación del Ministerio de Justicia, firmó Christian David Díaz, en lugar de Lena Yanina Estrada. Lo que más llamó la atención fue la ausencia de la firma del actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; en su lugar aparece la rúbrica del abogado Augusto Ocampo, quien ocupaba el cargo como ministro encargado antes de su nombramiento.

Consulta popular: los 12 ejes de la reforma laboral propuesta por el Gobierno

El decreto fija la consulta popular para el 7 de agosto de 2025, fecha en que se conmemora la Batalla de Boyacá. Para que la consulta sea válida, deben participar al menos 13.654.457 ciudadanos, y cada pregunta deberá obtener un mínimo de 6.827.229 votos afirmativos.

El pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente Gustavo Petro presentó las 12 preguntas que conforman la consulta popular y que hoy ya es oficial. Estas abordan temas como la reducción de la jornada laboral a ocho horas, licencias por salud, incluidos los cólicos menstruales, también salarios justos para trabajadores del campo y la eliminación de la tercerización, entre otros aspectos laborales.

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