Entre el 19 y el 21 de abril se realizó en Buenos Aires, la segunda conferencia del Acuerdo de Escazú, tratado firmado por varios países de la región y que aboga por la participación y acceso a la información y justicia en asuntos ambientales.
Dentro de los principales tópicos, se tocaron los temas de la protección de las personas que defienden el ambiente poniendo en riesgo sus vidas y la necesidad de acceder a la justicia y garantizar la participación de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas.
Participaron las 15 naciones que han ratificado el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
Los líderes indígenas relataron en la conferencia las dificultades que tienen desde sus comunidades, siendo blancos de persecución policial y hostigamiento judicial.
"El no poder en muchas ocasiones acceder a la información y, en ese ejercicio, el no tener el respaldo por parte del Estado es uno de los grandes desafíos que sufrimos", relató Oscar Daza, joven líder del pueblo Koreguaje, a la agencia EFE.
En la misma línea, Elaine Shaijan Shawit, del pueblo Awajún, relató los abusos que cometieron con ella por alzar la voz a favor de su comunidad. "Cuando los pueblos indígenas salen a reclamar su justo derecho por la contaminación de sus territorios, lo único que pasa es que criminalizan a sus líderes. Fui denunciada por haber reclamado por un derrame de hidrocarburos en nuestro territorio".
Maya López Pineda, de Artículo 19, habló de los problemas que se ven en México. La miembro de la organización que impulsa el acuerdo en el país norteamericano, aseguró que la presidencia lanzó un decreto que ponía a la información del tren maya y proyecto transístmico como asunto de seguridad nacional, de modo que no se puede dar respuesta a cualquier solicitud para conocer los detalles de estas operaciones.
Por otro lado, Agustina Mayana Pique, defensora de derechos humanos y del ambiente de Perú, denunció las dificultades que se presentan su nación. “Todavía no ha ratificado el Acuerdo de Escazú y los derechos para los defensores no están aún garantizado. Estoy acá para que (los defensores) no seamos contados cuántos vamos muriendo asesinados”, exclamó.
Cabe resaltar que el Acuerdo de Escazú aún no ha sido ratificado en Brasil, Colombia y Perú, países en los que viven muchísimas comunidades indígenas amazónicas, en cuyos territorios enfrentan severas dificultades a la hora de defenderlos ante el avance de proyectos extractivistas.