Evo Morales rechaza denuncia tras ser acusado de promover las movilizaciones que paralizaron Bolivia durante semanas

El expresidente Evo Morales rechazó la denuncia penal presentada por el Comité Pro Santa Cruz, que lo acusa de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por su presunto papel en las movilizaciones y bloqueos que afectaron a Bolivia durante más de 50 días. Aunque la Fiscalía de Santa Cruz aún no confirmó oficialmente el caso, distintos medios locales señalaron que el Ministerio Público admitió la acusación e inició una investigación penal.

En una conferencia de prensa, el exmandatario minimizó la acción judicial y aseguró que ya enfrentó diligencias similares. "Procesos ha habido tantos… y les he ganado a todos", afirmó. Además, negó que hubiese ordenado el cierre de carreteras y sostuvo que la única medida aprobada por su organización fue una marcha pacífica desde Caracollo hasta La Paz.

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Comité cruceño pide captura del expresidente

El Comité Pro Santa Cruz presentó la denuncia contra Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar. El abogado Diego Coimbra solicitó, además, que la justicia emita órdenes de aprehensión contra los tres investigados al considerar que existe riesgo de fuga y de obstaculización de las pesquisas.

El presidente del grupo cívico, Stello Cochamanidis, aseguró que la demanda está respaldada por más de un centenar de pruebas, entre ellas declaraciones públicas, registros periodísticos y otros elementos que, según dijo, vinculan a los denunciados con los bloqueos.

Cochamanidis también cuestionó que Morales negara haber promovido las protestas y rechazó su versión sobre los Ponchos Rojos, un grupo al que el exmandatario dijo no conocer pese a que aparecieron videos de personas armadas en el conflicto. "No es novedad la cobardía de Evo", declaró el dirigente cívico.

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Gobierno de Paz lo acusa de financiar paros

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz responsabilizó a Morales por las protestas que, entre mayo y junio, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades del país. La administración también lo acusó de financiar las movilizaciones con recursos del narcotráfico, aunque no presentó pruebas públicas que respalden esa afirmación.

Durante esas siete semanas, Bolivia enfrentó una de las mayores crisis de abastecimiento de los últimos años. La Paz, El Alto y otras regiones registraron severas dificultades para acceder a productos básicos debido a los bloqueos. El problema concluyó después de que el Ejecutivo decretó el estado de excepción.

El vicepresidente cívico Agustín Zambrana indicó que esperan que la Fiscalía emita los primeros requerimientos y convoque a testigos para esclarecer lo ocurrido en los más de 50 días de conflicto.