Autopsia de activista polaca confirma muerte violenta en Ecuador y descarta hipótesis de suicidio del Gobierno

Organizaciones de derechos humanos en Ecuador afirmaron que la activista polaca Monika Silva fue víctima de una "muerte violenta", descartando la hipótesis inicial de suicidio planteada por autoridades del Gobierno, tras acceder al informe forense del caso. La mujer fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda en la costa suroeste del país.

La abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam), sostuvo que los resultados periciales contradicen la versión preliminar oficial. "Se desmorona la hipótesis del suicidio", señaló en conferencia virtual.

Cepam y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) asumieron la representación legal de la familia de la activista y confirmaron que la investigación fiscal se desarrolla bajo la figura de femicidio.

De acuerdo con información citada por medios locales a partir del informe forense, Silva habría presentado un golpe en la cabeza y signos compatibles con estrangulamiento, elementos que refuerzan la tesis de una muerte violenta. La Fiscalía ecuatoriana, en coordinación con la Policía Nacional, abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

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Debate por versión inicial del Gobierno

Tras el hallazgo del cuerpo, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló públicamente que la hipótesis preliminar era la de un suicidio y afirmó que existían indicios en el lugar que apuntaban a esa conclusión.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron esa declaración y advirtieron sobre la necesidad de no vincular la muerte de una mujer activista con su estado emocional sin sustento pericial. "Es necesario investigar por qué se emitió un juicio de valor sin base técnica", cuestionó Martínez.

Monika Silva, madre de dos niñas, era conocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras e irregularidades ambientales en la provincia de Santa Elena, donde residía. Organizaciones locales sostienen que la activista había recibido amenazas meses antes de su muerte debido a su trabajo de fiscalización ciudadana.

El director del CDH, Billy Navarrete, señaló que el caso debe analizarse en un contexto más amplio. "No es un hecho aislado, sino parte del deterioro de las libertades y de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos", afirmó.

Cooperación internacional y observadores forenses

El caso generó atención internacional. La Unión Europea y la embajada de Polonia solicitaron una investigación "rápida, exhaustiva e independiente" para esclarecer lo ocurrido. Además, dos peritos forenses argentinos participan como observadores en el proceso, a pedido del Gobierno ecuatoriano, con el objetivo de aportar supervisión técnica a las diligencias.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatorías de la ONU expresaron preocupación por la situación de defensores de derechos humanos en Ecuador e instaron al Estado a garantizar su protección.

El caso de Silva se suma a otros hechos recientes en la provincia de Santa Elena, donde también fueron reportadas muertes de activistas vinculados a denuncias de corrupción y conflictos ambientales. Mientras la investigación continúa, organizaciones de derechos humanos insisten en que el caso debe ser abordado bajo la hipótesis de un crimen premeditado y no como un suicidio.