
Tras no asistir al juicio oral en su contra, el expresidente Evo Morales exigió que el proceso se lleve de manera “imparcial, legal y apegado a la constitución y el derecho personal”. Además, aseguró que él no busca la impunidad. “Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia", añadió.
Como parte del comunicado publicado en sus redes, el líder de izquierda también sostuvo que "nadie debe ser condenado por razones políticas con acusaciones falsas, armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente".
Según Morales, "ningún juicio puede iniciarse ni avanzar si, previamente, no se resuelven los incidentes". Esto, en alusión a las justificaciones presentadas por su defensa ante su ausencia en la instancia legal. De acuerdo con los abogados, el exmandatario boliviano no había sido citado de acuerdo con los estándares internacionales establecidos.
"Corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, pudiendo la defensa de un denunciado presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia", mencionó.
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Pese a las excusas expuestas por Evo Morales y sus abogados, el tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura en su contra por su ausencia en el inicio del juicio. Como reacción, el dirigente cocalero Dieter Mendoza amenazó con 'convulsionar' Bolivia si el exmandatario es detenido. "Va a haber insurgencia en el territorio nacional", aseguró.
El seguidor pidió a los habitantes y sectores del Trópico de Cochabamba que permanezcan “en estado de alerta máximo” y “en pie de lucha”. Además, reiteró que los cocaleros serán parte de las movilizaciones que lideran la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de campesinos, que bloquean carreteras y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Morales se mantiene atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde octubre del 2024, bajo la protección de cientos de simpatizantes que buscan evitar su aprehensión en el marco del proceso por trata de menores.
La tensión en la zona cocalera ya impidió en el pasado que la Policía ejecutara una orden de captura en su contra, luego de que sus seguidores bloquearan carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de ese año.
El caso avanzó con la acusación formal presentada por el Ministerio Público en octubre del 2024. Según la Fiscalía de Tarija, existen más de 170 pruebas de cargo contra el exmandatario para sustentar el juicio oral, incluidas 39 declaraciones de testigos, elementos con los que se busca respaldar la acusación en su contra.





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