
El Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, dispuso un nuevo toque de queda en 10 de las 24 provincias del país tras un fin de semana violento que dejó cerca de una veintena de muertos en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y crimen organizado. La medida regirá desde el 3 hasta el 18 de mayo, entre las 11.00 p. m. y las 5.00 a. m., como parte del refuerzo del estado de excepción vigente.
El anuncio incluye a Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de cantones como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. En estas zonas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensificarán su presencia para contener la escalada de violencia asociada a estructuras criminales. En Guayaquil, la situación ha sido especialmente crítica luego del hallazgo de 11 personas asesinadas durante el fin de semana.
Según informó Noboa en sus redes sociales, la decisión busca "proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados". El mandatario ya había advertido que las acciones se orientan a "dar golpes contundentes a las estructuras delictivas" dentro del marco del conflicto interno que vive el país desde 2024.
El estado de excepción declarado por el Ejecutivo mantiene suspendidos derechos como la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia en varias provincias. Esto permite a la Policía y a las Fuerzas Armadas realizar controles e interceptaciones sin orden judicial cuando existan indicios de actividades vinculadas a grupos armados.
En el Decreto Ejecutivo 535 se autoriza el ingreso a inmuebles sospechosos de albergar integrantes del crimen organizado, así como la búsqueda de armas o sustancias ilícitas. Estas disposiciones forman parte de la estrategia de seguridad interna impulsada por el Gobierno para contener la expansión de la violencia.
Durante el anterior período de toque de queda, las autoridades reportaron más de 1.800 capturas, además de la incautación de armas, municiones, combustible y la destrucción de pistas clandestinas y bocaminas ilegales. Estos resultados fueron presentados como parte de los operativos militares coordinados por la Policía y las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan debilitar las economías criminales y reducir la capacidad operativa de las bandas vinculadas al tráfico de drogas y minería ilegal. En este contexto, las provincias de Manabí, Esmeraldas y Sucumbíos han sido señaladas como zonas de intervención prioritaria.
En paralelo a la crisis de seguridad, se mantiene la pugna entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, luego de acusaciones cruzadas difundidas en redes sociales. El mandatario colombiano anunció acciones legales tras declaraciones del líder ecuatoriano que lo vinculaban con presuntos encuentros con estructuras criminales.
El caso ha escalado en el ámbito diplomático y mediático, alimentando un nuevo foco de fricción regional mientras Ecuador concentra sus esfuerzos en la lucha contra el conflicto armado interno y el fortalecimiento de su política de seguridad.





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