
Más de 540 prisioneros fueron liberados en Venezuela desde el 8 de enero, según informó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. De este total, 91 personas accedieron a la excarcelación tras la promulgación de la ley de amnistía el 20 de febrero, señaló en su cuenta de X.
Sin embargo, el régimen sostiene que casi 2.200 individuos han sido redimidos o se les han levantado restricciones legales desde que entró en vigor la nueva normativa. La comunidad internacional mantiene reservas sobre el desarrollo, citando la falta de transparencia y el ausente cumplimiento de procedimientos ladecuados en las liberaciones.
Abogados de presos políticos y de personas excarceladas bajo medidas cautelares se presentaron el lunes en tribunales de Caracas para hacer las primeras solicitudes relacionadas con la medida. No obstante, la mayoría enfrentó negativas y demoras al intentar presentar sus documentos, lo que generó desconcierto entre los defensores.
Rodrigo Cabezas, quien fue ministro de Finanzas durante la dictadura de Hugo Chávez y salió en libertad condicional en julio de 2025, denunció que las salas que inicialmente dictaron su condena de forma arbitraria continúan siendo obstáculos en la ejecución de la ley. Aseguró que no cometió ningún delito y exigió el cierre de lo que calificó como un fraude procesal que también ha afectado a su familia.
Por su parte, el abogado Omar Mora Tosta, que defiende a miembros del partido de la líder opositora María Corina Machado, explicó que se les informó que no pueden recibir los papeles, mientras que a otros se les dijo que deben esperar un tiempo prudencial para obtener respuesta. Además, recordó que la ley establece un plazo de 15 días para que se evalúe las peticiones y determinen si se aplican las condiciones.
El sindicato de periodistas reveló que ningún tribunal aceptó los documentos presentados por un grupo de reporteros que solicitaron ser beneficiados por la amnistía. Esta negativa dejó a muchos profesionales de la comunicación sin respuestas inmediatas.
A pesar de ello, algunos casos se gestionaron. Liomary Espina, de 57 años, comentó que fue atendida en la defensa pública, destacando la buena disposición del personal, y espera que su solicitud sea resuelta en un plazo de tres días hábiles.
Ante esta situación, la Asamblea Nacional creó una comisión especial que tendrá la tarea de dar seguimiento y tratar los casos omitidos en la legislación, con el fin de garantizar que los beneficiarios puedan acceder a la absolución.





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