
Una investigación penal por presunta corrupción pública en Surinam provocó una crisis institucional en la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que el gobierno surinamés revocó el pasaporte diplomático de Xaviera Jessurun, asesora de confianza del secretario general del organismo, Albert Ramdin. La medida evidenció tensiones internas en la OEA y generó inquietud entre varios Estados miembros, que aguardan una respuesta formal de su máxima autoridad.
El caso adquirió relevancia política por la cercanía entre Ramdin y Jessurun, así como por el contexto regional, marcado por cuestionamientos a la transparencia del organismo y por la presión de Estados Unidos para preservar la credibilidad del foro hemisférico.
Jessurun fue imputada en febrero de 2025 en una causa que investiga irregularidades en la Compañía de Aviación de Surinam, donde habría participado en un esquema de corrupción, fraude y falsificación de documentos. La Fiscalía surinamesa la considera sospechosa central junto a otros exdirectivos de la empresa estatal, lo que motivó un pedido formal al Ministerio de Relaciones Exteriores para adoptar medidas administrativas.
En respuesta, la Cancillería de Surinam decidió revocar su pasaporte diplomático, al considerar que su vigencia podría facilitar la evasión del proceso penal. La funcionaria fue notificada oficialmente y deberá entregar el documento en un plazo de catorce días en una sede diplomática del país, una decisión que ya fue comunicada a los representantes ante la OEA.
La situación generó malestar en Washington y dentro del propio organismo regional, especialmente porque Ramdin conocía la imputación penal de su asesora antes de designarla en mayo de 2025. Pese a ello, el secretario general minimizó en su momento la gravedad del expediente judicial, lo que ahora reaviva las críticas sobre su gestión.
Este episodio se suma a cuestionamientos previos contra Ramdin, que incluyen nombramientos polémicos y el manejo de recursos internos. Funcionarios del Departamento de Estado han advertido que eventuales casos de corrupción no serán tolerados, en un contexto geopolítico sensible para la región, lo que aumenta la presión sobre el secretario general para definir el futuro laboral de su asesora y responder a la crisis institucional que enfrenta la OEA.

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