
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, a quienes responsabiliza de encabezar una extensa red criminal dedicada al robo de combustible en México.
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que la organización obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato. La entidad advirtió que la disputa territorial entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de estas actividades ilegales ha convertido a Guanajuato en “uno de los estados más mortíferos de México”.
Según el Tesoro estadounidense, las operaciones del Cártel Santa Rosa de Lima también alimentan un mercado negro transfronterizo de energía, afectan a empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos y privan al Estado mexicano de ingresos clave para sus finanzas públicas.
El Departamento del Tesoro advirtió además que el robo de combustible —incluido el contrabando de petróleo crudo conocido como huachicol— se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos no vinculados al narcotráfico para los cárteles mexicanos. De acuerdo con el comunicado, el combustible sustraído es comercializado en el mercado negro de México, Estados Unidos y América Central, generando pérdidas de miles de millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La autoridad estadounidense sostuvo que este esquema criminal no solo alimenta la violencia y la corrupción en México, sino que también perjudica a empresas legítimas del sector energético en territorio estadounidense.
En este contexto, el Tesoro identificó al Cártel Santa Rosa de Lima como una de las organizaciones clave en este mercado ilícito, con fuerte presencia en Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia en los últimos años. Añadió que, además del robo de combustible, el grupo está involucrado en el tráfico de drogas, incluido el envío de heroína hacia Estados Unidos, lo que amplía el alcance de sus operaciones criminales.
Sobre su líder, José Antonio Yépez Ortiz, el comunicado recordó que antes de su captura en 2020 era uno de los criminales más buscados de México por el robo de petróleo a escala industrial atribuido al CSRL. En 2022, fue condenado a 60 años de prisión por secuestro, aunque aún enfrenta procesos por crimen organizado, lavado de dinero, extracción ilegal de combustible e intento de homicidio, entre otros delitos.
Pese a su reclusión, el Tesoro denunció que “El Marro” continúa dirigiendo actividades del cártel desde la cárcel, enviando instrucciones a sus operadores a través de abogados y familiares. De acuerdo con la información oficial, incluso habría contribuido a establecer una alianza entre el CSRL y el Cártel del Golfo, lo que refuerza la capacidad operativa de la organización pese a la detención de su principal cabecilla.
Como consecuencia de las sanciones impuestas, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. La medida se extiende también a las empresas que pertenezcan en 50% o más, de manera directa o indirecta, a personas sancionadas, y prohíbe —salvo autorización expresa— cualquier transacción que involucre activos vinculados a los señalados por el Departamento del Tesoro.

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