
La esposa del politólogo venezolano Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, denunció que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron al comunicador en su vivienda, ubicada en Caracas, Venezuela, tras haber sido citado bajo el argumento de una supuesta entrevista. De acuerdo con el testimonio de Martha Cambero, el procedimiento se realizó en presencia de su familia y sin que los funcionarios presentaran una orden judicial que respaldara la intervención.
Cambero dio a conocer los hechos a través de un video difundido en redes sociales, en el que detalló que la detención se produjo de manera sorpresiva y sin explicaciones formales. En su mensaje, cuestionó la legalidad del accionar del Sebin y alertó sobre la falta de información oficial respecto al paradero y la situación jurídica de Evans tras su traslado por parte de los agentes de seguridad del Estado.
Asimismo, la esposa del politólogo responsabilizó directamente a Nicolás Maduro y al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, por la integridad física y la vida de Evans, debido a su delicado estado de salud. Recordó que el comunicador padece hipertensión y que fue sometido a una intervención quirúrgica hace un año por problemas en el sistema digestivo y biliar.
“Señores que hoy ostentan el poder en nuestro país, pedimos que basta ya de tanta opresión por simplemente el hecho de pensar distinto, queremos libertad, simplemente queremos eso y que se nos respeten nuestros derechos y sobre todo el derecho a la vida”, señaló la esposa.
Horas antes de su detención, Evans difundió un video desde su domicilio en el que informó sobre la presencia de una comisión identificada como del Sebin y señaló que acudiría de manera voluntaria a una entrevista, tal como quedó registrado en sus redes sociales y fue confirmado por el medio digital Punto de Corte. En ese mensaje, el politólogo indicó que había recibido advertencias previas sobre la citación.
La detención provocó reacciones inmediatas entre periodistas, colegas, familiares y organizaciones de derechos humanos, que expresaron su preocupación por la situación del comunicador. Entre ellas, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) difundió una solicitud urgente para exigir a las autoridades venezolanas que informen sobre los motivos de la detención y el paradero de Evans, en medio de la creciente incertidumbre por su situación.
Evans registra antecedentes de hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado. En julio de 2020, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), bajo acusaciones de instigación al odio, en un caso que generó cuestionamientos por su trasfondo político.
El politólogo recuperó su libertad en agosto de ese mismo año, tras ser incluido en un indulto presidencial que alcanzó a activistas, periodistas y exdiputados de oposición. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos han mantenido seguimiento a su situación y han documentado episodios reiterados de presión y vigilancia contra voces críticas del régimen venezolano.

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