Hay golpes en la vida…, por Marisa Glave

Una niña Awajún de tan solo seis años fue violada cruelmente por su padrastro. El acto fue brutal para un cuerpito tan pequeño, causándole heridas que la desangraron y pusieron su vida en riesgo. Para poder ejercer su derecho a la salud, para que su vida pueda ser salvada, viajó ocho horas por río, llevada por su madre, hasta Huampami, capital del Cenepa.

Allí fue estabilizada y empezó una siguiente batalla por su vida: conseguir un medio seguro y rápido de transporte para que pudieran llevarla a Bagua. En Huampami no podían hacer la transfusión de sangre que ella necesitaba y no había personal médico capacitado para curar sus heridas. Un helicóptero del Ejército Peruano logró ingresar a la zona y llevarla a Bagua. La transfusión de sangre estaba asegurada pero no el tratamiento. Tuvieron que viajar médicos de Lima para hacer la operación necesaria.  

Para lograr que su niña no muera y ejerza su derecho a la salud, la madre de la pequeña tuvo que dejar en su comunidad a sus tres hermanos, todos menores, uno de ellos de apenas 11 meses. Estos tres menores están en riesgo, como lo ha declarado la justicia peruana y tienen derecho a medidas de protección que, al momento de escribir esta columna, aún no se habían implementado.

El largo camino de la justicia

El Código Penal señala que la violación sexual a una niña o niño menor de siete años se castiga con cadena perpetua. Es la pena máxima en el ordenamiento jurídico peruano. Dada la magnitud de la pena una se imaginaría que la reacción del Estado para la captura del perpetrador sería acorde. Pero no ha sido así.

El violador se fugó inmediatamente. Miembros de la comunidad lograron encontrarlo cuando intentaba cruzar la frontera. Pero camino a Huampami a ser entregado a las autoridades logró fugarse nuevamente. Representantes del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Unukai Yawi denuncian que el agresor ha sido ya identificado hace cuatro días nuevamente en la comunidad. La fiscal a cargo, una mujer valiente que está intentando ejecutar todas las medidas posibles para proteger a la menor y a sus hermanos, ha solicitado apoyo para detener al delincuente. La comitiva recién pudo salir el último viernes pues, como han informado, los efectivos de la Policía Nacional llegaron a Huampami pero sin medios de transporte para ir hasta la comunidad.

¿Cómo es posible que la PNP no cuente con recursos mínimos para poder capturar al perpetrador? ¿De qué sirve que las autoridades de turno nos llenen de discursos sobre el interés superior del niño y la niña? Peor aún ¿para qué sirve el populismo penal con elevaciones de penas si es que no hay ningún interés real por capturar a los delincuentes capaces de violar a una niña de seis años?

Los oficiales de la PNP debían no solo detener al perpetrador, sino que debían aplicar las medidas de protección a los menores ¿cómo se aplican esas medidas si no tienen los medios para llegar a la comunidad? Su deber es llevar sanos y salvos a esos pequeños a Bagua donde está la madre y su hermana.

La niña violada merece justicia. Esto implica que su agresor sea sancionado con toda la fuerza de la ley. Pero también significa que pueda ser protegida y reparada. Ella y sus hermanos necesitan que el Estado actúe. Como informan representantes del Consejo de Mujeres Awajún, la pequeña y sus hermanos estarán temporalmente en un albergue, con su madre. Pero esta atención es sólo por seis meses.

¿Cómo hará una mujer Awajún, sin instrucción, para cuidar y mantener a cuatro hijos? Para que la niña y sus hermanos puedan dejar el albergue, ella deberá demostrar que puede hacerse cargo y mantenerlos seguros. Si no hay un sistema de apoyo a la propia madre, de empoderamiento económico y acompañamiento psicológico, es irreal pensar que logrará salir adelante sola. Los cuidados, sobre todo de niñas y niños que han sido objeto de violencia, no son sólo responsabilidad de la madre, la sociedad en su conjunto debiera implicarse y dar soporte real para que ellas y ellos vivan libres de violencia.

El dolor que se empoza en el alma

Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, viene denunciando la impunidad constante en los casos de violencia sexual contra las niñas en Condorcanqui. Hace poco tiempo, Condorcanqui estuvo en el centro del debate público por las nefastas declaraciones del exministro de Educación Morgan Quero, que dio a entender que las violaciones sexuales a menores por parte de maestros era una suerte de práctica cultural. La semana pasada se denunció cómo un grupo de militares ingresó a un albergue escolar de niñas Awajún y las violentó sexualmente.

La normalización de la violencia sexual contra las mujeres, en particular niñas, es la negación a su derecho a la libertad y a la autonomía, así como a una vida digna. Como sociedad no podemos seguir indolentes ante el dolor que transmiten las mujeres Awajún, al oírlas una puede sentir como si la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma.

Una niña de seis años fue violada y casi muere. La menor irá a un albergue y si su madre no recibe apoyo ni soporte tendrá que, además de tratar de recuperar su cuerpo y su mente del dolor causado por la violación, soportar la idea de vivir alejada de su familia, de su madre y sus hermanos.

Hay golpes en la vida, tan fuertes.

Una niña de seis años no merece ser condenada al dolor. Como sociedad le debemos al menos cuidado futuro. Quienes podamos, busquemos a Rosemary Pioc y a las representantes del Consejo de Mujeres Awajun, Wampis, Unukai, Yawi y démosles todo nuestro apoyo para que ellas puedan seguir dando soporte a esta niña y a su madre.