Gobierno de Bolivia lanza 10 comisiones para investigar casos de corrupción durante los gobiernos del MAS

En su primer mes de gobierno, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha lanzado una ofensiva institucional contra la corrupción que habría permeado las estructuras del Estado durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Al menos diez comisiones de la verdad han sido activadas para investigar posibles delitos económicos en empresas públicas.

Las acciones, que comenzaron en sectores estratégicos, ya provocaron la detención preventiva de un dirigente sindical y la fuga de un exgerente. Según el mandatario, el desvío de fondos durante las últimas dos décadas superaría los 15.000 millones de dólares. Las auditorías buscan establecer responsabilidades y recuperar recursos públicos.

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Auditan subsidios, fondos rurales y empresas clave

Entre los primeros casos se encuentra el de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), señalada por la presunta venta ilegal de harina subvencionada. Rubén Ríos, dirigente sindical del sector panificador, fue encarcelado preventivamente por enriquecimiento ilícito, mientras que Franklin Flores, exgerente de la entidad y exdiputado del MAS, fue imputado y permanece prófugo.

También se ha reabierto el caso del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc), cerrado en 2015. La Fiscalía detuvo a la exdiputada Lidia Patty, quien habría recibido fondos estatales para proyectos agrícolas nunca ejecutados. Las autoridades aseguran que los recursos debieron beneficiar a comunidades rurales que nunca los recibieron.

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Más instituciones bajo investigación por corrupción

La Fiscalía ha extendido las pesquisas a otras instituciones, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyo expresidente Armin Dorghaten está acusado de contrabando de combustibles. Aunque tenía una orden de aprehensión, logró salir del país rumbo a Brasil, pese a tener alerta migratoria activa.

El Gobierno de Paz anunció que otras empresas también serán auditadas, entre ellas Boliviana de Aviación (BoA), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Se investiga el uso de recursos y presuntas redes de corrupción que habrían operado dentro de estas entidades.

Paz ha reiterado que la iniciativa no responde a una persecución política, sino a la necesidad de transparentar el funcionamiento del Estado. Asegura que los casos de corrupción afectan directamente a las familias bolivianas, y que todas las comisiones trabajarán “sin excepción de personas ni cargos”. Las investigaciones, según dijo, son clave para explicar el deterioro económico del país.