
Jeanine Áñez, quien ejerció como presidenta de Bolivia hasta noviembre de 2020, fue excarcelada de la prisión de San Pedro, en La Paz, tras haber estado recluida durante cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado. El Tribunal Supremo de Justicia boliviano anuló la sentencia contra la abogada de 58 años el miércoles.
Tras la caída de Evo Morales por su controvertida reelección en 2019, Áñez —quien entonces era parlamentaria y segunda vicepresidenta del Senado— asumió el poder sin participación del oficialismo, por lo que fue acusada de usurpar funciones y condenada por "resoluciones contrarias a la ley".
"Jamás hubo un golpe de Estado. Lo que hubo fue un fraude electoral que llevó a todos los bolivianos a reclamar nuestro derecho a que se respete el voto", declaró la exmandataria este jueves, al salir del penal.
Al igual que Áñez, Pedro Castillo fue destituido por el Congreso peruano en diciembre de 2022, tras intentar disolver dicho órgano mediante un mensaje a la nación. Sin embargo, no logró su cometido y enfrenta prisión preventiva, no solo por este hecho, sino también por los delitos de rebelión y conspiración, derivados de su intento de autogolpe. Además, está bajo investigación por presuntos actos de corrupción.
Jeanine Áñez, quien adopta una postura de derecha conservadora, ha denunciado en reiteradas ocasiones que fue perseguida por el Movimiento al Socialismo (MAS), en lo que considera una venganza política por haber derrocado a su figura central, Evo Morales. De forma similar, Pedro Castillo también denunció que su destitución y encarcelamiento fueron parte de un plan orquestado por sus opositores políticos y mediáticos.
El ganador de las elecciones presidenciales peruanas de 2021 se encuentra recluido en el penal de Barbadillo —centro de detención para exmandatarios— con el riesgo de afrontar 34 años de prisión, luego de que la Fiscalía del Perú solicitara esa pena, además del bloqueo para ejercer cargos públicos durante tres años y medio.
En el caso de la ex lideresa boliviana, aunque fue liberada de su condena de 10 años, aún enfrenta otros procesos judiciales por crímenes de genocidio y presuntas irregularidades administrativas.
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Además de Áñez, hay otras personas involucradas tanto en los hechos previos a la renuncia de Evo Morales ("Golpe I") como en la toma de posesión de la exmandataria ("Golpe II"). Arturo Murillo, exministro de Gobierno, continúa detenido, aunque su caso es particular, ya que está siendo juzgado en el extranjero.
Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí y considerado un actor clave en las movilizaciones, es otra de las personas que enfrentan cargos en el caso 'Golpe de Estado I'. Permanece en prisión preventiva desde 2021, acusado de delitos relacionados con la obstrucción del proceso electoral de 2019 en Bolivia.
Además, ministros como Fernando López (Defensa) y otros colaboradores del gobierno de Áñez han sido declarados 'rebeldes', tras salir del país y solicitar asilo político en naciones como Paraguay y Estados Unidos, lo que ha dificultado sus procesos de extradición.

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