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Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

El tribunal de París también halló culpables a exministros cercanos de Sarkozy, aunque no se comprobó su gestión directa de los fondos. La condena establece un precedente histórico en la política francesa.

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita
Sarkozy anunció la presentación de un recurso, pero esto no lo librará de entrar en la cárcel. Foto: Composición LR/AFP.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión luego de que un tribunal de París lo declarara culpable de conspiración criminal en el caso de la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. Según la acusación, el dinero provenía de fondos ilícitos vinculados al difunto líder libio Muamar Gadafi. El tribunal determinó que Sarkozy deberá ingresar a prisión incluso si presenta una apelación, dejando claro el peso de las pruebas en su contra.

Aunque la condena ya está dictada, el tribunal estableció que la fecha de su encarcelamiento se decidirá más adelante. Esta medida evita que el expresidente, de 70 años, fuera escoltado directamente desde la sala hacia la cárcel, un gesto que lo libra de la humillación inmediata. Sin embargo, la sentencia marca un hecho histórico en la política francesa, al poner tras las rejas a un expresidente.

No se pudo determinar la gestión directa del expresidente

El tribunal también declaró culpables de asociación criminal a los exministros Claude Guéant y Brice Hortefeux, colaboradores cercanos de Sarkozy durante su presidencia. Aunque fueron absueltos de otros cargos, la sentencia deja en claro que existió una conspiración para buscar financiamiento libio en apoyo a la campaña electoral de 2007. Sin embargo, los jueces no encontraron pruebas que demostraran que el expresidente hubiera gestionado directamente esos fondos o que se utilizara efectivamente en su candidatura.

Bajo la legislación francesa, el intento de establecer un esquema corrupto constituye delito, incluso si no se logra comprobar el pago o el uso de los recursos ilícitos. De esta manera, la sentencia subraya que la simple búsqueda de apoyo financiero ilegal es suficiente para configurar una falta grave ante la justicia.

El primer expresidente de Francia en ser declarado culpable

Con este veredicto, Sarkozy pasa a la historia como el primer expresidente de Francia declarado culpable de aceptar fondos extranjeros ilegales con el fin de alcanzar la presidencia. Elegido en 2007 y derrotado en su intento de reelección en 2012, Sarkozy enfrentó un juicio que duró tres meses y en el que también fueron procesados 11 coacusados, entre ellos tres exministros.

Pese a los múltiples escándalos judiciales que han marcado su trayectoria, la figura de Sarkozy conserva influencia en la política de la derecha francesa. Su presencia también se mantiene en el ámbito mediático y cultural, reforzada por su matrimonio con la cantante y modelo Carla Bruni-Sarkozy, lo que le permite seguir siendo un personaje de interés público más allá de los cuestionamientos legales.

La razón tras la sentencia por asociación ilícita

Las acusaciones contra Sarkozy se remontan a 2011, cuando una agencia de noticias libia y el propio Muamar Gadhafi afirmaron que el régimen libio había canalizado millones de euros de manera secreta hacia la campaña presidencial francesa de 2007.

En 2012, el medio de investigación francés Mediapart publicó un supuesto memorando de inteligencia que mencionaba un acuerdo de financiamiento de 50 millones de euros. Sarkozy calificó el documento como falso, y presentó una demanda por difamación. Sin embargo, el tribunal que dictó sentencia en 2024 señaló que, en efecto, ese documento parece ser falso, aunque el resto de pruebas mantuvo vivo el caso.

En paralelo, los investigadores revisaron una serie de viajes realizados a Libia por allegados de Sarkozy entre 2005 y 2007, cuando él ocupaba el cargo de ministro del Interior. Entre esos viajeros figuraba su jefe de gabinete, lo que despertó sospechas. Las pesquisas apuntaban a un entramado de contactos e intercambios que podrían haber servido para obtener apoyo financiero irregular.

Acusado por manipulación de testigos

Ziad Takieddine, empresario franco-libanés, desempeñó un papel central en la investigación. En 2016, declaró a Mediapart que había transportado personalmente maletas con dinero en efectivo desde Libia hasta el Ministerio del Interior francés bajo la dirección de Sarkozy. Sin embargo, posteriormente se retractó, lo que dio pie a una investigación paralela sobre presunta manipulación de testigos.

Tanto Sarkozy como su esposa enfrentan cargos preliminares por presionar a Takieddine para que cambiara su versión, aunque ese caso aún no ha llegado a juicio.

El empresario franco-libanés, uno de los coacusados en este proceso, falleció recientemente en Beirut a los 75 años, tras haberse refugiado en el Líbano en 2020. Su ausencia del juicio no frenó a la fiscalía, que mantuvo la acusación de que Sarkozy se benefició conscientemente de un “pacto de corrupción” con el gobierno de Gadhafi.

Sarkozy rechaza acusaciones y acusa complot

Sarkozy ha rechazado de manera tajante las acusaciones en su contra, asegurando que se tratan de maniobras con motivaciones políticas y sustentadas en pruebas falsas. Durante el juicio, denunció lo que llamó un “complot” organizado por “mentirosos y estafadores”, entre ellos el propio “clan Gadhafi”.

En su defensa, el expresidente sostuvo que las denuncias no eran más que una represalia por la postura que asumió como mandatario francés al exigir la destitución de Muamar Gadhafi. Además, recordó que fue de los primeros líderes occidentales en promover la intervención militar en Libia en 2011, en pleno contexto de la Primavera Árabe, cuando las protestas prodemocráticas sacudieron la región.

Ante el tribunal, cuestionó la validez de las acusaciones y subrayó que estas estaban marcadas por un afán de venganza. “¿Qué credibilidad puede dársele a tales declaraciones?”, preguntó, intentando reforzar la idea de que las imputaciones forman parte de un intento de deslegitimar su figura política.

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