
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretó el estado de excepción en siete provincias del país mediante el Decreto Ejecutivo 134, emitido el 16 de septiembre de 2025. Esta medida, con una duración inicial de 60 días, responde a una situación de "grave conmoción interna" provocada por bloqueos de vías, paralizaciones y actos de violencia. Las provincias afectadas por esta decisión son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
En estas regiones se han registrado manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, así como movilizaciones en defensa del agua y contra proyectos mineros, como el de Loma Larga en Cuenca. Además, se han evidenciado bloqueos de carreteras y actos de violencia que han dificultado la libre circulación y el normal desarrollo de las actividades económicas. Ante esto, Zaida Rovira, ministra de Gobierno, indicó que "la violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados".
Declaraciones como la mencionada han evidenciado, según escribió la periodista María Sol Borja para el medio Primicias en Ecuador, "un ejercicio de arrogancia que amenaza con agravar la crisis social y política antes de siquiera reconocer su magnitud". De acuerdo con la periodista ecuatoriana, la historia del país ya ha demostrado que no se pueden tomar medidas drásticas, como el caso de la eliminación del subsidio al diésel, sin un diálogo previo, puesto que esto solo demuestra una falta de "empatía y apertura" por parte del gobierno.
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El gobierno de Noboa enfrenta un creciente malestar social tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel, lo que generó protestas en varias provincias del país. Esta medida incrementó el precio del galón de diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares, lo que afectó especialmente a los transportistas de carga pesada. Desde el fin de semana, se registraron bloqueos de carreteras en al menos seis provincias. Aunque no ha habido enfrentamientos violentos de gran magnitud, sí se produjeron algunas detenciones, como en la provincia de Carchi.
Las movilizaciones, especialmente en Quito, se centraron en la resistencia de los transportistas, quienes temen que la eliminación del subsidio repercuta en el incremento de los pasajes. Sin embargo, el Gobierno asegura que las compensaciones estarán orientadas a mitigar estos efectos. A pesar de la desarticulación rápida de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad, la convocatoria del FUT (Frente Unitario de Trabajadores) y la agitación social subrayan un panorama político y económico incierto.
La eliminación de este subsidio es explicada por Luis Cordova, analista ecuatoriano, debido a dos factores. De acuerdo con Cordova, primero "existe la necesidad de financiar el presupuesto general del Estado, que tiene una brecha de más de 11 000 millones de dólares", mientras que la segunda razón estaría más ligadas a exigencia por parte del Fondo Monetario Internacional.
El gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, estima que el gasto en subsidios al diésel en 2025 habría alcanzado los 1.243 millones de dólares. Sin embargo, la decisión de eliminar este subsidio traerá consigo un ahorro considerable para el Estado, calculado en aproximadamente 424 millones de dólares en este mismo año. Este ahorro se logra mediante la reducción del subsidio a 819 millones de dólares, que corresponde a los fondos destinados a medidas de compensación para grupos sociales afectados.
Entre las compensaciones económicas anunciadas, destacan bonos y créditos a tasas preferenciales para transportistas y productores agropecuarios, además de un incremento en el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. A pesar de estas medidas, el costo total de las compensaciones asciende a 923 millones de dólares, una cifra superior al ahorro proyectado para este año. La diferencia entre el ahorro y el gasto en compensaciones refleja el esfuerzo del gobierno por mitigar el impacto social de esta medida económica.
Para el año 2026, se prevé que el ahorro por la eliminación del subsidio al diésel aumente considerablemente, superando los 1.100 millones de dólares. Este aumento se debe a que muchas de las compensaciones ofrecidas, como los bonos para transportistas y productores agropecuarios, son temporales. Algunos bonos, como el destinado a los transportistas, serán otorgados por un período de ocho meses, con posibilidad de extensión, mientras que otros, como el bono 'Raíces' para productores agropecuarios, es un pago único.
Un día después de declarar el estado de excepción en siete provincias de Ecuador debido a las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, el presidente Daniel Noboa defendió la medida al recordar que su predecesor, Rafael Correa, también había abogado por su supresión. Durante una entrevista en Radio Gaviota, Noboa afirmó que "Correa todo el tiempo dijo que había que eliminar el subsidio al diésel". Además, cuestionó la postura actual de sectores cercanos al exmandatario, quienes ahora se oponen a lo que él mismo había defendido.
A diferencia de sus predecesores, como Lenín Moreno en 2019 y Guillermo Lasso en 2022, quienes retrocedieron ante las fuertes protestas, Noboa decidió mantener su posición, argumentando que la eliminación del subsidio es esencial para garantizar la disciplina fiscal y redirigir los recursos hacia áreas prioritarias como la producción y los sectores sociales. El mandatario ecuatoriano insiste en que es un paso necesario para mejorar la sostenibilidad económica del país a largo plazo.

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