
El principal sospechoso del brutal asesinato de Maritza, ocurrido el domingo en A Coruña, fue enviado a prisión provisional sin derecho a fianza. El crimen, que ha conmocionado a España y a la comunidad peruana en Galicia, es investigado como un claro caso de violencia de género.
La víctima, una mujer peruana de 49 años, fue atacada con extrema violencia en su propio domicilio. La autopsia reveló que recibió decenas de puñaladas. El acusado, un hombre de 61 años con doble nacionalidad peruano-española, fue detenido en la escena del crimen. Antes, había llamado a su expareja para confesar el homicidio.
Las autoridades confirmaron que el hombre estaba bajo una orden de alejamiento activa respecto a Maritza, dictada apenas semanas después de haberse casado con ella en mayo de 2025. La orden se derivó de una condena judicial tras una agresión previa ocurrida en septiembre de 2024.
“Se produjo una agresión física y el sistema reaccionó”, señaló María Rivas, subdelegada del Gobierno en A Coruña. “La víctima fue incorporada al sistema VioGén a través del Protocolo Cero”, añadió.
El Protocolo Cero es un mecanismo que se activa cuando las víctimas de violencia de género no se atreven a denunciar, pero existen indicios evidentes de riesgo. Aun así, las medidas no fueron suficientes para evitar el crimen.
Ambos, víctima y agresor, compartían origen peruano. Tras contraer matrimonio, la relación se deterioró rápidamente. La ejecución de la orden judicial de alejamiento se encontraba pendiente al momento del asesinato.
El crimen se descubrió gracias a una llamada: el presunto asesino contactó con su expareja en la madrugada del domingo 15 de junio para confesarle lo que había hecho. Fue ella quien alertó a la Policía Nacional, que localizó al hombre en la vivienda de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia de A Coruña.
Cuando los agentes ingresaron al domicilio, hallaron el cuerpo sin vida de Maritza. El acusado fue detenido a las 7:00 a.m. y trasladado a los calabozos de los juzgados de la Plaza Monforte. Más tarde, fue llevado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde se acogió a su derecho a no declarar.
El juez decretó su prisión provisional sin fianza, bajo cargos de asesinato y quebrantamiento de medida judicial.
Desde mayo de este año, Maritza formaba parte del sistema VioGén, una herramienta del Ministerio del Interior de España que permite el seguimiento y protección de mujeres en situación de riesgo por violencia de género. En su caso, fue incluida tras la agresión de 2024, pese a que no había presentado denuncia formal.
Este sistema está diseñado para prevenir episodios letales de violencia machista, pero en este caso no logró impedir el feminicidio. Colectivos feministas y organizaciones migrantes han denunciado la falta de ejecución efectiva de la orden de alejamiento y la necesidad de reforzar las medidas de protección.
El crimen de Maritza eleva a 21 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año 2025 en España, según cifras oficiales del Ministerio de Igualdad. La comunidad, especialmente en Galicia, ha exigido justicia y mejores garantías de protección para las víctimas.

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