
Tras rechazar las impugnaciones presentadas por el Gobierno de Joe Biden, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó una ley estatal de Tennessee que prohíbe a menores el acceso a tratamientos de transición de género.
La administración de Biden había argumentado que la normativa violaba garantías constitucionales. Este alegato fue respaldado por tres familias y un médico. Sin embargo, con seis votos contra tres, el Tribunal Supremo avaló la norma que restringe el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales.
La Corte Suprema sostuvo que la ley de Tennessee no infringe la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta normativa, conocida como SB1, prohíbe a los doctores administrar bloqueadores de pubertad o terapia hormonal a menores que experimenten "disforia de género", una condición caracterizada por un malestar con el sexo asignado al nacer.
Pero tres familias con hijos transgénero, junto con un médico especializado en el tratamiento de la disforia de género, calificaron la norma como inconstitucional y presentaron una demanda de impugnación ante un tribunal federal.
Fue entonces cuando la administración Biden intervino a través del Departamento de Justicia. Inicialmente, se bloqueó la ley SB1, pero un panel dividido de jueces del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito revocó esa decisión, permitiendo que la prohibición en Tennessee entrara en vigor mientras avanzan los procesos legales.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que restringe los procedimientos de transición de género para menores. Este decreto dejó sin efecto un memorándum que, en marzo de 2022, emitió Joe Biden a través del Departamento de Salud para respaldar este tipo de tratamientos.
Según el mandatario, los médicos están "mutilando" y "esterilizando" a "jóvenes impresionables" con la "falsa afirmación" de que los adultos pueden cambiar de sexo.
Trump acusó a organizaciones como la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH) de apoyarse en "ciencia chatarra" y de carecer de integridad al "dañar a los menores". Ahora los procedimientos psicológicos y quirúrgicos no serán cubiertos por seguros públicos como Tricare y Medicare.

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