
Con 82 votos a favor, 60 en contra y 6 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la instalación de bases militares extranjeras en el territorio, como parte del plan del presidente Daniel Noboa para reforzar la cooperación internacional en el combate contra el narcotráfico. Ahora la reforma deberá ser sometida a un referéndum en un día dictaminado por el Consejo Nacional Federal.
La presencia de bases militares extranjeras en Ecuador ayudaría a hacerle frente al crimen organizado, según sostuvo el mandatario. Según sus datos, durante el período en que Estados Unidos operó la base militar en la ciudad costera de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en casi un 500%, lo que evidenciaría la efectividad de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
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La asambleísta del correísmo, Nuria Butiñá, cuestionó la propuesta del Ejecutivo y señaló que podría colocar a Ecuador en una situación de riesgo ante conflictos bélicos internacionales. “Arrastrando a nuestro país a situaciones que no responden a nuestros intereses nacionales y exponiéndonos a tensiones geopolíticas”, expresó. También afirmó que el Gobierno no ha explicado con claridad los alcances reales de la medida impulsada.
Butiñá advirtió que “no se dice que esto podría implicar el despliegue de personal militar extranjero bajo normas y protocolos distintos a los que rigen nuestras Fuerzas Armadas”. Además, consideró preocupante que no se haya detallado que este tipo de presencia implicaría “transferir parte del control territorial, logístico y estratégico a gobiernos ajenos, lo cual representa una cesión inadmisible de soberanía”.
La legisladora también expresó inquietud sobre el uso que podrían dar fuerzas extranjeras a territorios estratégicos del país. “Lugares estratégicos como Salinas o Galápagos podrían ser utilizados por tropas foráneas sin garantías claras de reversibilidad”, advirtió. Según Butiñá, esto contraviene la independencia nacional y los principios constitucionales que garantizan la soberanía del Ecuador.
Durante diez años, una base militar estadounidense operó en la ciudad de Manta, hasta que el expresidente Rafael Correa optó por no renovar el convenio. Además, impulsó una reforma constitucional que prohibía de forma explícita la instalación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano.
El gobierno de Daniel Noboa considera que esta decisión favoreció un “alarmante incremento de la violencia criminal”. Según fuentes, las autoridades ecuatorianas mostraron interés en reabrir una base militar con apoyo de aliados de Donald Trump. Noboa se reunió informalmente con el exmandatario en Florida, sin divulgar detalles del encuentro.

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