
El gobierno de Donald Trump ha anunciado que implementaría una nueva política migratoria que podría generar consecuencias severas para los inmigrantes que no acaten las órdenes de deportación. La medida contempla multas de hasta US$998 por día para aquellos inmigrantes que no dejen el país tras recibir una orden final de deportación. Esta decisión se basa en una ley de 1996, que fue reactivada en 2018 durante el primer mandato del líder republicano y ha sido aplicada de forma más estricta en los últimos meses.
La medida también incluye sanciones adicionales, como la confiscación de bienes de inmigrantes que no paguen las multas o no abandonen el país según lo indicado. Esta política afecta principalmente a las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, con un enfoque particular en California y Los Ángeles, donde se concentra una gran población de inmigrantes con órdenes de deportación.
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Según la sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los inmigrantes que reciban una orden de deportación y se nieguen a salir del país enfrentan fuertes multas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) es la agencia encargada de aplicar estas sanciones. Las personas afectadas deberán pagar US$998 por cada día que permanezcan en el país después de que se les haya ordenado la salida.
Además de las multas, la ley establece que aquellos inmigrantes que no sigan las órdenes de salida pueden ser objeto de procesos legales adicionales. Los funcionarios federales también podrán proceder con el embargo de propiedades si los inmigrantes no cumplen con el pago de las multas. Esto pone en riesgo no solo su estatus migratorio, sino también sus bienes y activos.
La política se basa en una ley de 1996 que fue activada de forma más agresiva en la administración Trump. Esta ley establece que los inmigrantes que no cumplan con las órdenes de deportación deben enfrentar sanciones económicas y otras medidas punitivas. Además de las multas, los inmigrantes pueden enfrentar la confiscación de propiedades, como viviendas y vehículos, si no abonan la multa correspondiente.
Según un informe de Reuters, el gobierno de Trump también ha considerado aplicar estas sanciones de forma retroactiva, lo que podría resultar en multas acumuladas de más de un millón de dólares para los inmigrantes que llevan años en el país sin acatar la orden de salida. Esto ha generado preocupación en las comunidades afectadas, que temen perder sus bienes y enfrentar procesos judiciales por no cumplir con la normativa.
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La aplicación de estas sanciones ha generado un gran debate, especialmente en los estados con alta concentración de inmigrantes, como California y Los Ángeles. Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que la medida no solo aumenta la presión sobre las comunidades migrantes, sino que también pone en riesgo la estabilidad de las familias que ya enfrentan dificultades económicas.
La abogada Rosalba Piña advirtió que lo más importante es actuar de manera preventiva. Los inmigrantes deben buscar asesoría legal antes de que se les imponga una multa, ya que esto podría evitar problemas económicos y legales a largo plazo. Algunos abogados sugieren que una opción viable para proteger los bienes es transferirlos a entidades legales, como LLC o trusts, lo que podría ofrecer una protección contra las incautaciones de propiedades.

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