
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado una lista actualizada de jurisdicciones consideradas “ciudades santuario” por supuestamente desafiar las leyes federales de inmigración. En ella se destacan estados y municipios como Rhode Island, Massachusetts, y las ciudades de Providence y Central Falls, que han adoptado políticas que limitan la colaboración con agencias federales como ICE, generando un nuevo foco de tensión con la administración Trump.
Esta medida forma parte del impulso de la política migratoria de Trump y el DHS para reforzar el control sobre la inmigración irregular en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades locales involucradas defienden sus ordenanzas, argumentando que sus medidas buscan proteger a sus comunidades y mejorar la confianza en la policía local sin incumplir la ley federal.
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El reciente listado del DHS incluye al estado de Rhode Island y sus ciudades Providence y Central Falls, además de Massachusetts y el condado de Bristol, como ejemplos destacados de jurisdicciones que adoptan posturas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Estas jurisdicciones son calificadas por el gobierno federal como “santuarios” por su negativa a colaborar activamente con ICE para la detención y deportación de inmigrantes sin estatus legal.
Las autoridades locales han implementado ordenanzas que prohíben a sus cuerpos policiales actuar como agentes migratorios, una práctica que consideran clave para fomentar la confianza y la seguridad en sus comunidades latinas y migrantes. Según María Rivera, alcaldesa de Central Falls, sus políticas “son legales y contribuyen a una mayor seguridad pública, al fortalecer la relación entre la policía y los residentes”.
Por su parte, Providence mantiene una postura similar bajo el liderazgo del alcalde Brett Smiley, quien asegura que la ciudad “cumple con la ley federal, pero no colaborará proactivamente con ICE para proporcionar información”. Esta política, según Smiley, ayuda a mantener un ambiente seguro y acogedor para todos los residentes.
La administración Trump y el DHS han señalado que las ciudades santuario representan un desafío significativo para la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. La secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró que estas jurisdicciones “ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses y a las fuerzas del orden al proteger a delincuentes extranjeros ilegales violentos”. Desde esta perspectiva, se argumenta que la falta de cooperación dificulta la labor de deportación y la seguridad fronteriza.
En respuesta, el DHS ha enviado notificaciones formales a las jurisdicciones señaladas, advirtiendo sobre el incumplimiento de las leyes federales y posibles violaciones a estatutos penales. Estas acciones están vinculadas a la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, que insta a las agencias federales a identificar y sancionar a las jurisdicciones que no colaboran con la aplicación de la ley migratoria.
No obstante, la oposición local sostiene que estas políticas buscan proteger los derechos de los inmigrantes y evitar que el temor a la deportación impida la denuncia de delitos o la cooperación con la policía. Las batallas legales han sido frecuentes, con fallos judiciales que, hasta ahora, han respaldado el derecho de las ciudades a mantener sus políticas de santuario.
El concepto de “ciudades santuario” abarca a múltiples estados, condados y municipios que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales. Según datos actualizados y verificables, entre las jurisdicciones reconocidas como santuario se encuentran:
Además, numerosos condados y municipios en estos estados mantienen políticas similares que protegen a inmigrantes indocumentados y limitan la colaboración con ICE.
Esta red de jurisdicciones santuario contrasta con las acciones de Trump y el DHS para fortalecer la seguridad fronteriza y aumentar las deportaciones, reflejando una división marcada en la política migratoria estadounidense.

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