
La administración de Donald Trump comunicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos asumirá la defensa legal de las familias inmigrantes separadas durante su primer mandato, una medida que afectaría a más de 8,000 personas en riesgo de deportación. Según informó Politico, el gobierno decidió no renovar el contrato con la organización sin fines de lucro Acacia Center for Justice, que desde mayo de 2024 brindaba asesoría y representación legal independiente a estas familias.
El expresidente Joe Biden decidió avalar el programa que mantenido el apoyo externo para proteger a las víctimas de deportaciones y facilitar la reunificación familiar.
De acuerdo con Politico, la gestión Trump sostiene que no ha habido interrupciones en los servicios legales a inmigrantes y que la sustitución de abogados externos por personal interno cumple con los requerimientos del acuerdo judicial vigente. Los abogados del Departamento de Justicia explicaron que el acuerdo no obliga a que los servicios se presten mediante el mismo método durante toda su vigencia.
Además, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento iniciará el 15 de mayo sesiones grupales y talleres de autoayuda programados para equipar a las familias con la información necesaria para gestionar sus trámites migratorios. Para cubrir deficiencias en los servicios, el gobierno planea contratar a otros proveedores provenientes de los departamentos de Salud y Servicios Humanos y de Seguridad Nacional.
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El acuerdo judicial aprobado en 2023 estableció la obligación del gobierno federal de proporcionar servicios integrales a los padres e hijos afectados por las políticas de deportación y separación familiar implementadas durante el primer mandato de Donald Trump. Este marco legal exigió la provisión de atención médica, apoyo para vivienda, y asesoría legal financiada para facilitar la reunificación y la obtención de estatus legal temporal en Estados Unidos, subvencionada por la administración de Joe Biden.
Desde mayo de 2024, el Centro Acacia para la Justicia y organizaciones subcontratistas se encargaban de representar a estas familias de forma independiente, ayudándolas a navegar el complejo sistema legal migratorio. La renovación del contrato estaba en negociación cuando el Departamento de Justicia decidió cesar el apoyo externo y asumir directamente la defensa legal de los afectados.

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