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Mujer se autoliquida con 1.8 millones de pesos y ahora enfrenta cárcel en Baja California, EE. UU.

Rosalva Cuadras López, exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, se encuentra en problemas legales tras autoliquidarse con casi 1.8 millones de pesos. La Fiscalía Estatal Anticorrupción ha iniciado acciones en su contra por este acto ilegal.

Rosalva Cuadras López, exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, se encuentra en problemas legales tras autoliquidarse con casi 1.8 millones de pesos. Foto: Rosalva Cuadras López
Rosalva Cuadras López, exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, se encuentra en problemas legales tras autoliquidarse con casi 1.8 millones de pesos. Foto: Rosalva Cuadras López

La situación de Rosalva ha captado la atención de los medios nacionales, quienes informan que la exfuncionaria realizó esta autoliquidación justo un día antes del cambio de gobierno en 2021. Las autoridades han confirmado que la investigación se abrió en 2023, revelando irregularidades en el proceso de pago.

Un fallo condenatorio contra la acusada Rosalva -la que ahora tendrá que asumir las consecuencias de sus actos- fue emitido por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de La Paz, y se hace constar que este asunto marca un hito en la lucha contra la corrupción en Baja California Sur, puesto que ha sido el primer juicio exitoso de la Fiscalía Anticorrupción de la región.

El fiscal a cargo del caso, Ortíz Amao, anunció que se llevará a cabo una audiencia para definir las sanciones y reparaciones que deberá cumplir la exfuncionaria. Foto: Tribuna de Mexico

Detalles del caso de la encausada Rosalva Cuadras López

La acusada Cuadras López, quien formó parte de la administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis, se autoliquidó con un total de 1 millón 718 mil 212.73 pesos pues el mismo fue pago ilegal, al haber sido realizado por fuera de los lineamientos administrativos, además de que ello tuvo lugar en un periodo delicado para la administración estatal.

La investigación que llevó a su condena se inició dos años después de la autoliquidación, cuando la Fiscalía recabó pruebas, testimonios y documentos que sustentaron las acusaciones. El fiscal a cargo del caso, Ortíz Amao, anunció que se llevará a cabo una audiencia para definir las sanciones y reparaciones que deberá cumplir la exfuncionaria.

Implicaciones para otros exfuncionarios

La Fiscalía Estatal Anticorrupción no solo se ha centrado en el caso de Rosalva, sino que también mantiene abiertas investigaciones contra otros exfuncionarios, incluyendo a la legisladora local Alondra Torres García, del Partido del Trabajo (PT). Torres García es investigada por su posible responsabilidad en un caso de abuso de autoridad relacionado con su desempeño como síndica en Los Cabos.

Las pruebas obtenidas en la indagatoria indican que la ex-funcionaria y el secretario general en ese momento, Ariel Castro Cárdenas, autorizaron el pago de 14 millones de pesos a una firma con un rol de intermediación financiera para gestionar un préstamo que nunca se formalizó. Sin embargo, el Congreso del Estado, que tiene una mayoría de Morena y sus aliados, decidió no continuar con el juicio de desafuero, lo que ha complicado el progreso del caso.

Lucha contra la corrupción en Baja California Sur

El caso de Rosalva Cuadras López es el de un avance importante en la lucha contra la corrupción en Baja California Sur, pues la Fiscalía Anticorrupción fue capaz de lograr una sentencia condenatoria, lo que permite vislumbrar un posible precedente para que se puedan dar sucesivas indagatorias y juicios en la entidad. La sociedad aguarda que este tipo de acciones se puedan traducir en un mayor control y transparencia de la administración pública

La atención de los medios de comunicación, la atención social y el posible interés social de estos casos es la evidencia de la necesidad de un sistema más robusto que evite actos de corrupción y garantice la rendición de cuentas. La historia de Rosalva y otros ex funcionarios públicos subraya la importancia de la vigilancia de la ciudadanía y de las instituciones para defender el imperio de la legalidad..

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