
Roberto Sarmiento, quien trabajó durante quince años en la mina Veladero —uno de los principales yacimientos de oro y plata de Argentina—, fue despedido sorpresivamente en diciembre de 2024. Como compensación, la empresa Minera Andina del Sol le otorgó una indemnización de US$102.516,7, un monto acorde con su trayectoria y el promedio salarial en la industria minera. No obstante, lo que parecía un cierre de ciclo laboral con una compensación justa dio un inesperado giro: en menos de tres días, Sarmiento descubrió que el mismo importe había sido transferido dos veces a su cuenta bancaria. Este insólito error generó una serie de interrogantes sobre qué hacer con el excedente y cómo actuar ante una situación que podría tener implicancias legales y financieras.
El pago de la doble indemnización a Roberto fue consecuencia de un error cometido por un administrativo y el contador de la empresa. Ambos no advirtieron que el dinero ya había sido depositado en la cuenta del trabajador, y procedieron a realizar una segunda transferencia.
Al percatarse del error, la empresa contactó a Roberto Sarmiento para que procediera con la devolución de los US$102.516 que había recibido de más. Ante la falta de respuesta, la minera denunció penalmente al extrabajador por presunta estafa. Según Guillermo Heredia, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan, el monto extra que recibió el minero lo había transferido a la cuenta de su esposa.
Esta conducta de ocultar los fondos, podría constituir un delito de estafa. "En ese momento se configura el delito de estafa. Ya no se trata de una simple defraudación por no devolver un dinero recibido por error, sino que hay una conducta orientada a ocultar los fondos", comentó en una entrevista a Infobae.
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Mina Veladero, en Argentina. Foto: Difusión
A pesar de haber sido citado a declarar, Roberto Sarmiento no se presentó ante la justicia de San Luis. Mientras tanto, las cuentas vinculadas a Sarmiento y Muñoz fueron bloqueadas para impedir el movimiento del dinero. “Estamos hablando de una cifra que casi llega a los USD 100 mil”, añadió el fiscal.
La pena por este tipo de delito puede ser de entre un mes y seis años de prisión, según lo establece el artículo 172 del Código Penal Argentino.





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