Un tribunal en Jinan, China, ha dictado una sentencia sin precedentes contra el expresidente del Banco de China, Liu Liange, quien fue condenado a muerte conmutada por cadena perpetua tras ser hallado culpable de aceptar sobornos millonarios. Esta decisión forma parte de la estrategia de lucha contra la corrupción en el sector financiero chino en los últimos años.
De acuerdo con lo señalado por la corte de Jinan, Liu aceptó sobornos por un total de más de 121 millones de yuanes (aproximadamente 17 millones de dólares) entre 2010 y 2023. Además de la pena de muerte suspendida, Liu ha sido privado de sus derechos políticos de por vida y se le han confiscado todos sus bienes personales. En este sentido, las ganancias ilegales serán devueltas al tesoro estatal.
Liu pasó de tener una condena a muerte a una conmutada por cadena perpetua. Foto: China Daily
Además, las autoridades judiciales señalaron que Lui brindo préstamos por más de 3.320 millones de yuanes a empresas no calificados, lo que dio como resultada la perdida de capital de más 190,7 millones.
Este caso se enmarca dentro de una amplia campaña anticorrupción liderada por el presidente Xi Jinping, que ha llevado a la detención y condena de numerosos funcionarios y ejecutivos de alto nivel en China. Liu se convierte en el banquero más prominente investigado por la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina, el organismo encargado de supervisar la ética dentro del Partido Comunista de China (PCCh).
La Fiscalía Suprema Popular acusó a Liu de abuso de poder brindar asistencia financiera ilegal y emitir préstamos en violación de las regulaciones nacionales. La corte consideró que sus acciones causaron pérdidas significativas, lo que se ha reflejado en su sentencia. Liu fue detenido en octubre del año pasado y expulsado del PCCh.
Desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, la campaña anticorrupción ha sido uno de los pilares de su administración. Esta iniciativa ha destapado numerosos casos de corrupción, entre los que se han visto involucrados altos funcionarios y ejecutivos de empresas estatales. Sin embargo, sus críticos han sugerido que esta campaña también podría ser utilizada como una herramienta política para eliminar a rivales dentro del partido.