Prosigue el desbloqueo de la justicia española con la elección de una mujer al frente del Supremo

Tras casi seis años de bloqueo por divergencias entre los dos principales partidos políticos, la justicia española dio este martes un nuevo paso para su normalización con la elección de una mujer, por primera vez, al frente del Tribunal Supremo.

"La magistrada Isabel Perelló, elegida presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ" (Consejo General del Poder Judicial), anunció este órgano rector de los jueces en un comunicado.

Perelló, definida por la prensa española como progresista, obtuvo 16 de los 20 votos del pleno del CGPJ, y de este modo se convierte en "la primera mujer que ocupe la presidencia del alto tribunal" desde su creación en 1812 "y del órgano de gobierno de los jueces", el CGPJ, prosigue el comunicado.

La elección de esta jueza al frente del Supremo y del CGPJ -cargos que van de la mano, según la Constitución- fue posible tras la renovación de los 20 vocales del CGPJ después de seis años de parálisis, lo que provocó a su vez más de cien vacantes de jueces en los tribunales, 27 de ellas en el Supremo.

Perelló es catalana, tiene 66 años y es jueza desde 1985. Su nombramiento es una "magnífica noticia", escribió el ministro de Justicia, Felix Bolaños, en la red social X.

El desbloqueo continúa gracias al acuerdo que alcanzaron en junio el Partido Socialista del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), sobre el modo de renovar el CGPJ, con un trasfondo de pugna por copar el mayor número de vocales afines.

La Comisión Europea llegó a tener que mediar entre ambos partidos en este asunto, que le costó a España una condena de la Corte Europea de los Derechos Humanos (CEDH) en junio de 2023, en respuesta a una denuncia de magistrados cuya carrera se vio paralizada por el bloqueo.

El acuerdo entre PSOE y PP era imprescindible porque el nombramiento de los nuevos magistrados del CGPJ requiere de mayorías cualificadas en el Parlamento.

Los miembros del CGPJ no habían podido ser reemplazados desde diciembre de 2018, lo que impedía el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo, de sus diferentes salas, o de la Audiencia Nacional, la instancia penal española que se ocupa de los casos más graves.