En la madrugada del último viernes 24 de febrero, alrededor de 2.000 pandilleros fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. El presidente Nayib Bukele mostró, a través de su cuenta de Twitter, cómo fue este impresionante operativo de traslado de los pandilleros a la megacárcel, quienes estaban ordenados en filas, totalmente rapados y solo vestían pantaloneta blanca.
“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. Seguimos…#GuerraContraPandillas”, fue el mensaje publicado por el mandatario salvadoreño junto a la grabación.
Pandilleros con las cabezas rapadas recluidos en una cárcel de El Salvador. Foto: AFP
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El Centro de Confinamiento del Terrorismo, localizado a solo unos 200 metros de la vía del tren, albergará a más de 40.000 detenidos, cuyo resguardo requiere de 600 soldados de las Fuerzas Armadas y 250 efectivos de la Policía Nacional Civil.
Esta prisión "tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior", afirmó Bukele previamente en un mensaje publicado en Twitter en julio pasado.
Centro de Confinamiento del Terrorismo. Foto: Twitter/@PresidenciaSV
La gigantesca cárcel ha sido levantada en una aislada zona del país. El centro penitenciario se ubica en el municipio de Tecoluca en el departamento de San Vicente, al oriente de la capital del país.
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De acuerdo al medio argentino Infobae, en las cárceles hay “tiendas institucionales” a las que los familiares de presos depositan de 5 a 150 dólares mensualmente para que los reos puedan comprar artículos de primera necesidad.
El Salvador extendió el régimen de excepción por 30 días para luchar contra pandillas. Foto: composición LR/AFP
“Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca Cola que afuera vale 2,50 dólares, ahí la venden a 10 dólares″, contó el pariente de un reo al medio.
La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha denunciado que cuatro de los detenidos durante el régimen de excepción impuesto por el Gobierno de El Salvador han aparecido muertos en una fosa común, por lo que alerta que estas personas murieron bajo custodia del Estado y fueron enterradas sin informar a sus familiares.
"Iniciamos la sistematización de las personas inocentes que el Estado capturó, metió en prisión, mató y enterró en fosas comunes sin dar aviso a familiares. Ninguno está perfilado como pandillero, todos sin haber sido vencidos en juicio", ha publicado SJH en un comunicado en Twitter.
Organizaciones nacionales e internacionales han condenado el régimen de excepción por supuestas violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en las cárceles y muerte de personas bajo custodia de las autoridades.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su "profunda preocupación", dado que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos".
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El jueves pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció los cargos contra más de una docena de presuntos líderes de alto rango de la pandilla denominada como MS-13, que ha estado en el centro de la persecución por parte de Bukele.
Entre los cargos contra los acusados se encuentra conspiración de crimen organizado, conspiración para proporcionar u ocultar apoyo material a terroristas y la conspiración de narcoterrorismo.
Cuatro de los presuntos líderes de pandillas fueron expulsados de México y arrestados por el FBI en en Houston el miércoles, según un comunicado del Departamento de Justicia.
El Salvador registró 496 homicidios en 2022, aproximadamente un 57 % menos que los contabilizados en 2021, según fuentes oficiales. Por esa razón, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en enero pasado, señaló que su país es el "más seguro de América Latina” y señaló que ahora los jóvenes “ya no son víctimas” de la violencia.
Una acusación de la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos, contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha señala a dos altos funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de haber negociado con ese grupo criminal.
Según documentos presentados en agosto de 2022, pero revelados en los últimos días por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los funcionarios de Nayib Bukele habrían acordado una reducción de homicidios a cambio de beneficios entre 2019 y 2021.