Ante la crisis política que atraviesa nuestro país, el Gobierno de Chile no se quedó de brazos cruzados y “condenó la ruptura del orden constitucional en Perú” mediante un comunicado de su Cancillería. Además, reconoció a la presidenta Dina Boluarte, nombrada tras la vacancia de Pedro Castillo.
“El Gobierno de Chile condena la ruptura del orden constitucional en Perú y valora que la crisis política derivada de ella se esté abordando a través de cauces institucionales”, sostuvo la Cancillería chilena.
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“Esperemos que la asunción de Dina Boluarte como nueva presidenta de la República del Perú contribuya a superar este difícil momento. Las crisis políticas se resuelven mejor cuando estas profundizan la democracia y abren caminos de diálogo entre los distintos actores sociales”, añadió.
Pronunciamiento de Chile ante la crisis política que atraviesa Perú. Foto: captura - Twitter @Minrel_Chile
La crisis política en Perú no le fue indiferente a los parlamentarios chilenos, quienes desde su posición condenaron el golpe de Estado que encabezó el expresidente Pedro Castillo.
Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Quintana (PPD), indicó que Pedro Castillo intentó un “autogolpe” y un “quiebre de la democracia”.
“Eso es algo que debemos condenar tajantemente. Afortunadamente, la institucionalidad peruana ha reaccionado en defensa de las libertades y la democracia. Confío en que el Gobierno de Chile apoye de manera decidida el cauce democrático en el Perú y que no se sume a algunos países gobernados por el populismo radical, que insiste en mostrar al expresidente Castillo como víctima”, expuso el senador.
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Por su parte, la diputada Catalina del Real (RN) sostuvo que lo acontecido en Perú es de carácter “gravísimo”.
“Este golpe de Estado liderado por un presidente de izquierda es claramente un atentado a la democracia en la región. Y el presidente Boric debería condenar tajantemente este golpe de Estado en nuestro país vecino”, declaró.
Pedro Castillo disolvió el miércoles 7 de diciembre el Congreso de La República e instauró un gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia en su contra que podría haberlo sacado del poder.
En un acto tildado como autoritario, Castillo dio un golpe de Estado, pero no fue respaldado por su Gobierno. El Congreso obtuvo los votos que se necesitaban y destituyó al mandatario.
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Cuando Castillo se encontraba camino a la embajada de México para que se le otorgase asilo político, la Policía lo arrestó por orden del Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación confirmó que se detuvo al expresidente por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional.