Sharm el-Sheij, ciudad de Egipto, acogerá del 6 al 18 de noviembre la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC), llamada COP27 o cumbre del clima, en la que los países avanzarán en las negociaciones para enfrentar colectivamente el desafío global de la emergencia climática.
Desde 1994, esta reunión cita cada año a las 198 partes de la Convención, creada en la Cumbre de la Tierra de 1992, para detener el calentamiento que ha provocado la emisión de gases de efecto invernadero —por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas— y discutir sobre la menor capacidad de la naturaleza para absorber esos gases, a consecuencia de la deforestación y la degradación ambiental.
Más de 70 líderes mundiales han confirmado su asistencia a la cumbre, en la que —de manera paralela— se invita a los estados que suscribieron el Acuerdo de París y a los que firmaron el Protocolo de Kioto. También participarán institutos de investigación, entidades observadoras, bancos multilaterales, medios de comunicación, así como representantes del sector privado y de la sociedad civil.
Este año, cuando se celebre la 27ª COP —si en 2020 la pandemia no hubiera impedido celebrar la cumbre, esta sería la 28ª COP—, el objetivo principal será elevar el nivel de compromiso respecto a la financiación de la transición ecológica para descarbonizar las economías y limitar el calentamiento del planeta por debajo del grado y medio de temperatura media respecto a los niveles preindustriales.
Uno de los asuntos clave en torno a la financiación de la lucha contra el cambio climático en esta cumbre será cómo articular un mecanismo de pérdidas y daños, una suerte de compensación económica a los países más vulnerables que, aunque son los que menos han contribuido al calentamiento, serán sus mayores víctimas.
La comunidad internacional tratará así de favorecer la justicia climática, de forma que los países en vías de desarrollo puedan hacerse cargo del coste que supone la reducción de sus emisiones y asegurar su capacidad de resistir a los impactos ya inevitables.
El compromiso de reunir anualmente 100.000 millones de dólares para 2020 —que, como en esa fecha no se cumplió, decidió retrasarse hasta 2023— estará en el centro del debate, pues los especialistas climáticos no solo determinan que no se ha logrado el objetivo (por ahora, el Fondo Verde del Clima ronda los 83.000 millones) y tiene que garantizarse su cumplimiento, sino que habría que elevar la ambición.
En una cumbre del clima se suelen designar dos zonas diferentes: una azul y una verde.
La zona azul constituye el área “oficial” donde tienen lugar los plenarios que acogen las deliberaciones importantes, así como las delegaciones de los países, las salas de prensa y de eventos oficiales —en los que se presentan informes o nuevos acuerdos, por ejemplo—, los pabellones de bancos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y otros stands de países o alianzas de Estados.
La zona verde está orientada a la población general, y tiene un carácter más “ferial”, en el que empresas privadas, instituciones académicas y organizaciones ecologistas celebran exhibiciones, debates y otras actividades relacionadas con la transición ecológica.
El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) es el organismo que recopila y sintetiza la mejor ciencia disponible sobre el estado del calentamiento global y sus impactos, y emite recomendaciones a los responsables políticos sobre cómo evitar las peores consecuencias de la crisis climática.
En el último de sus informes de evaluación, publicado este año, el grupo de especialistas fue tajante: para evitar un calentamiento superior al grado y medio de temperatura habrá que reducir las emisiones en un 43% en 2030 respecto a los niveles de 2019.
El Acuerdo de París, producto de la COP21 de 2015, celebrada en la capital francesa, compromete a las 194 partes signatarias (193 estados más la Unión Europea) a recortar sus emisiones de gases invernadero para contener el calentamiento por debajo de los 2 grados o, de ser posible, el grado y medio sobre los niveles preindustriales.
El acuerdo dejaba margen para que cada país pudiera decidir cómo llegar a dicho objetivo a través de sus planes climáticos nacionales, formalmente conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
Según las recomendaciones del IPCC, “la ventana de oportunidad se va cerrando” con cada décima que se suma a la temperatura media del planeta, que ya es 1,1 °C superior a la del periodo preindustrial.
El equipo de científicos ha advertido reiteradamente que no lograr la meta de París abocaría a la humanidad a un futuro con mucha más pobreza, muerte, hambre, migraciones masivas, enfermedades, inundaciones, sequías más prolongadas y severas, huracanes más frecuentes y virulentos, pérdida de biodiversidad y, en definitiva, al empeoramiento de las condiciones de vida para todas las especies.