En Chile, 200 mujeres quedaron embarazadas tras consumir pastillas anticonceptivas defectuosas
“El daño no es el hijo, como ha interpretado un sector conservador sobre las acciones legales. El daño es a la libertad de las mujeres. Y, en este caso, mujeres pobres”, dijo una periodista que siguió el caso.
En The New York Times publicaron un artículo sobre unas chilenas que quedaron embarazadas por consumir anticonceptivos defectuosos en forma de pastillas el año pasado. “Una falla en las píldoras anticonceptivas podría haber ocasionado decenas de embarazos en Chile”, decían algunos titulares.
Hace un par de meses, en Chile, se difundió la noticia de un proyecto de ley que buscaba otorgar mayores responsabilidades a los laboratorios cuando una mujer quedara embarazada por un anticonceptivo defectuoso.
Para este año, ya no eran decenas, como cuando saltó la noticia, sino más de 200. Las mujeres recibieron las píldoras en centros de salud públicos; la mayoría de ellas eran de escasos recursos, además de no contar con una educación sexual de calidad y sin las herramientas para enfrentarse en un juicio contra Andrómaco y Silesia, los laboratorios que fabricaron los anticonceptivos.
Gracias a la Corporación Miles, que asesora legalmente a las afectadas por considerar que fueron víctimas de una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, los laboratorios las compensaron económicamente, aunque el monto es confidencial.
Hasta el día de hoy, el Estado no ha hecho nada por ellas. La corporación está elaborando una demanda para que el Estado repare a las afectadas, una acción que la propia ONU incentivó a principios de año. Es así que, de no llegar a un acuerdo en el corto plazo con el Gobierno de Gabriel Boric, la presentarán.
“¿Cómo se repara a una mujer que, a pesar de seguir con los métodos para impedir embarazarse, se vio obligada a tener un hijo?”, se pregunta la periodista de El País que conversó con algunas de las afectadas. Y se responde: “El daño no es el hijo, como ha interpretado un sector conservador sobre las acciones legales. El daño es a la libertad de las mujeres. Y, en este caso, mujeres pobres”.
Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, la corporación intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo de reparación con el Estado, pero este rechazó la condición mínima de negociación. La idea era crear un protocolo estandarizado que obligue a los centros de salud a un registro del número de lote de las píldoras que se entregaba a cada usuaria, además de generar contenido sobre “pasos a seguir” en caso se dé una denegación ilegal de una interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, publicarlo en las respectivas páginas web de los centros y dar atención gratuita en salud mental a las afectadas.
En Chile solo está despenalizada la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro, por inviabilidad fetal y violación.
Melanie Riffo, una de las afectadas, ahora de 22 años y madre de un pequeño de un año y tres meses, contó a El País que se puso a buscar en internet cómo abortar. Se sentía incapaz de hacerse cargo de otra persona. Encontró un tratamiento por 75 dólares, que, además de escaparse de su presupuesto, no le dio confianza. Todavía espera que alguien del Estado la contacte, le ofrezca ayuda psicológica o una ayuda monetaria para la crianza del menor.
