El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) habilitó el último miércoles un espacio web con el fin de iniciar el Censo 2022 y reducir los tiempos del proceso tradicional. Los usuarios, al completar el formulario establecido, recibirán un código que deberán entregárselo al censista el 18 de mayo, día oficial de este evento estadístico.
Sin embargo, para muchos aún no ha quedado claro qué sucederá si no se contestan las preguntas cuando el censista visite el hogar o si se da información falsa. La respuesta es que habrá una sanción económica, según la ley que estipula una serie de penalidades para aquellos que incumplan con el deber cívico de participar.
Según la ley 17622 de 1968, que estableció la creación del Indec y que es aplicada a aquellos que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos”, la multa será económica.
La sanción mínima para los que no respondan o mientan en el censo es de $ 1.076,36 y la máxima es de $ 106.799,35.
El último censo que se realizó en Argentina fue el 27 de octubre de 2010. En aquella época, el Indec vivía una situación poco alentadora, pues eran constantes las denuncias por su falta de veracidad y transparencia en el manejo de los datos de pobreza, crecimiento económico y el índice de precios al consumidor.