La decisión del ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, de utilizar vehículos decomisados a narcotraficantes para sus desplazamientos y el de algunos jerarcas policiales, generó polémica en el país sudamericano, aunque las autoridades justificaron la medida en el ahorro que eso supone para la cartera.
La camioneta del año 2011 “se solicitó, ya que las anteriores asignadas al ministro estaban dando problemas por el peso del blindaje. En lugar de gastar dinero en comprar un auto para uso oficial, ya que esta Administración resolvió destinar todos los recursos posibles en comprar patrulleros y camionetas para la Policía, se decidió solicitar un vehículo con 140.000 kilómetros de uso”, argumentaron el viernes fuentes del Ministerio del Interior a la Agencia Sputnik.
Por razones de seguridad y debido a amenazas durante la gestión anterior se decidió que el ministro del Interior y otras autoridades circulen en vehículos blindados.
Así lo hicieron los últimos dos secretarios de Estado que estuvieron al frente de esa cartera: Eduardo Bonomi (2010-2020) y Jorge Larrañaga, quien ejerció el cargo entre el 1 de marzo de 2020 y el 22 de mayo de 2021, cuando falleció de un infarto.
Asimismo, desde el Ministerio dijeron que “la cartera, como otros organismos que integran la Junta Nacional de Drogas (JND), puede solicitar vehículos incautados al narcotráfico y utilizarlos en sus respectivos entes”.
En este sentido, afirmaron a esta agencia que “el Ministerio solicita varios vehículos para sus distintas dependencias y cometidos y la JND va otorgándolos”.
Por último, insistieron en que el “ministro (Heber) cree que en Uruguay no es necesario andar con autos blindados y que por eso cedió los suyos a aquellas unidades que sí los precisan”.
Por su parte, el abogado y senador del opositor Frente Amplio, Charles Carrera, cuestionó la medida.
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“En una clara violación a la normativa vigente y a la finalidad que deben tener los bienes decomisados, el ministro Heber utiliza un (vehículo de la marca) Audi que le pertenecía a un delincuente”, dijo el legislador en Twitter.
El senador, quien fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017, presentó un pedido de información pública dirigido al presidente Luis Lacalle Pou.
En el documento, al que accedió la Agencia Sputnik, Carrera y otros dos senadores opositores, solicitan que se les aporten las resoluciones que justifican por parte del Ministerio del Interior, y otros organismos públicos, la adjudicación de varios vehículos, entre otros bienes.
“Los bienes incautados y decomisados no deben utilizarse para fines particulares y mucho menos como medio de transporte para los ministros de Estado”, dice el texto.
Estos, explica el documento, “deben ir a remate y lo recaudado debe servir para la ejecución de políticas públicas en beneficio de toda la sociedad”.
Fuentes policiales citadas por el periódico la diaria calificaron de “peligrosa” la decisión del ministro, porque entienden que implica riesgos para su persona, dado que los enemigos del narcotraficante al que le fue confiscado el vehículo desconocen que no le pertenece más a él o a su familia.
La camioneta fue incautada en mayo de 2021 al narcotraficante Luis Alberto “Betito” Suárez, actualmente en prisión por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
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La Fiscalía pidió el decomiso del vehículo y este quedó a disposición de la JND y del Fondo de Bienes Decomisados, dependiente de ese organismo, que lo adjudicó al Ministerio del Interior.