El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se preguntó este martes 22 de junio cuánto tiempo la candidata presidencial Keiko Fujimori seguirá los pasos del expresidente estadounidense Donald Trump en su intento de demostrar un supuesto fraude electoral para evitar su derrota en las elecciones presidenciales de Perú.
Vivanco lanzó esta pregunta después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos asegurara que los comicios peruanos han sido “un modelo de democracia para la región” mientras está a la espera de que los organismos electorales proclamen oficialmente a su ganador.
El virtual presidente electo es Pedro Castillo, que sacó apenas 44.058 votos más que Fujimori en una estrecha votación donde obtuvo el 50,12 % de los votos válidos, pero su victoria aún no es oficial, ya que su rival pidió anular unos 200.000 votos por considerarlos fraudulentos.
Cuban President Miguel Diaz-Canel (L) speaks with Russian President Vladimir Putin during their meeting at The Kremlin in Moscow on November 2, 2018. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
Las más de 800 solicitudes de Fujimori para anular mesas de votación en zonas rurales, andinas y pobres, donde Castillo obtuvo un apoyo abrumador, han sido rechazadas en primera instancia por los jurados electorales por no presentar pruebas consistentes del fraude que alega la candidata o por no haber sido presentados a tiempo.
Buena parte de estos requerimientos de nulidad han sido apelados para ser vistos en segunda instancia por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral de Perú, que no puede proclamar oficialmente a Castillo como ganador de las elecciones hasta que no termine de revisar cada expediente.
Pese al revés en los tribunales electorales, Fujimori sigue decidida a demostrar el supuesto “fraude sistemático” que denunció al día siguiente de las elecciones, cuando vio que su derrota en las urnas era casi irreversible frente a Castillo.
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha pedido a la población que le envíen pruebas o testimonios de irregularidades de las que hayan sido víctimas o testigos.
La mayoría de indicios de irregularidades presentadas hasta ahora por Fujimori son por supuestas firmas falsas en las actas electorales de las mesas de votación, pero hasta ahora ningún miembro de las mesas de sufragio ha denunciado que le hayan suplantado la identidad.
Hasta ahora el efecto ha sido el contrario, pues son numerosos los casos de ciudadanos que han desmentido en medios locales a Fujimori y al partido fujimorista Fuerza Popular tras acusarles de que sus firmas no eran suyas.
Como último recurso en su cruzada contra los entes electorales, Fujimori presentó un recurso de hábeas data para que la Justicia peruana ordene a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que comparta las listas de votantes de cada una de las más de 86.000 mesas de votación.
Foto: captura de Twitter
Sin embargo, varios abogados han advertido que este requerimiento contraviene la Ley de Protección de Datos, ya que si es admitido, obligaría a la ONPE a revelar públicamente no solo qué ciudadanos han votado, sino también sus números del documento nacional de identidad (DNI), sus firmas y sus huellas dactilares.
Todas las misiones de observación electoral que supervisaron las elecciones presidenciales de Perú, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), han descartado un “fraude sistemático” como sugiere Fujimori.
También se han manifestado en el mismo sentido la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo, cuyo jefe, Walter Gutiérrez, aseguró este martes que su organización no ha percibido irregularidades y exhortó a los candidatos a reconocer los resultados una vez que el JNE culmine su trabajo.
La ausencia de evidencias de fraude quedó refrendada además con un exhaustivo análisis de todas las actas electorales realizado por la encuestadora Ipsos, donde no hallaron irregularidades graves.