La madrugada del 30 de diciembre, tras más de 12 horas de debate, con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención, el Senado de Argentina aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Bajo la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para decidir”, miles de mujeres de todas las edades, con el pañuelo verde, festejaron en las afueras del Congreso al conocer los resultados.
Esta iniciativa permite a las mujeres y cuerpos gestantes acceder a un aborto seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación. Además, ordena un plazo máximo de 10 días entre la solicitud de abortar y la realización, así como permite la objeción de conciencia a los médicos y profesionales de la salud que se nieguen a realizar el aborto.
“Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública”, escribió el presidente Alberto Fernández. La normativa ahora deberá ser enviada al despacho del mandatario para su próxima promulgación.
Hasta ahora solo se podía ejercer este derecho cuando el embarazo era producto de una violación o cuando la vida de la madre corría peligro, según el Código Penal de 1921.
De esta manera, Argentina se suma a países de Latinoamérica como Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico que han legalizado el aborto plenamente.
Junto a esta iniciativa también se aprobó el Plan de los 1.000 Días, que consiste en el acompañamiento del Estado a quienes optan por la maternidad, desde el embarazo hasta los tres primeros años de vida de sus hijos(as).
Perú, por su parte, desde hace cerca de 100 años no ha vuelto a modificar sus leyes sobre el aborto, ya que solo el terapéutico es legal en caso la vida o salud de las gestantes corra peligro.
Pese a ello, este procedimiento suele ser negado, situación que se agravó con las medidas adoptadas ante la llegada del Covid-19.
En Argentina se calcula que se realizan más de 450.000 abortos clandestinos anualmente.
Cada año se hospitalizan a alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados, y han fallecido más de 3.000 por la misma causa desde 1983.
Por ello, no es casualidad que desde 1967 la OMS reconozca que el aborto inseguro es un problema de salud pública que necesita ser abordado seriamente por los Estados.