Justicia en Chile. En diciembre pasado, durante el estallido social en la capital chilena, un carabinero disparó una lacrimógena a quemarropa y a una distancia de ocho metros y medio contra un manifestante. El proyectil impactó en la cabeza de la víctima y le dejó graves secuelas. Casi siete meses después, se decidió imponerle una condena al autor.
La última semana de julio, el uniformado, quien responde al nombre de Juan Gabriel Maulén Báez, ya había sido declarado culpable tras reunirse el material probatorio suficiente para probar su ataque contra Esteban Carter Anguita. Sin embargo, se tuvo que llegar hasta el lunes 3 de agosto para que la magistrada Paz Reyes Moreno leyera la resolución judicial y sentenciara al carabinero a cinco años de libertad vigilada.
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Primero describió cómo se había dado la escena del crimen: “(El implicado) llegó hasta la calle Almarza, lugar donde se encontraba un grupo de manifestantes que huía de la presencia de carabineros”, lee en la parte inicial. “A pesar de aquello, con pleno conocimiento del poder de fuego de la carabina que portaba e infringiendo la normativa de uso, se arrodilló, apuntó y disparó con dicha carabina lanza gases, directamente a la cabeza”, agrega.
Respecto a la distancia el uniformado Juan Gabriel habría disparado a tan solo ocho metros y medio. Esta información fue parte del sustento de la Fiscalía de O’Higgins, entidad que había realizado las pericias junto a la Policía de Investigación chilena. “(El manifestante) se encontraba caminando de espaldas al acusado, a 8,5 metros de distancia aproximadamente [...] recibió el impacto directamente en la parte posterior de su cabeza, siendo derribado por el golpe”.
También se indicó que el carabinero ni siquiera mostró interés en apoyar al agraviado. “Luego de realizada esta acción, Maulén Báez no avisó a sus superiores ni trasladó a la víctima a un hospital. Como consecuencia de la acción, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico con fractura y hundimiento temporal izquierdo de carácter grave, afectando una zona vital como es la cabeza de una persona”, leyó la magistrada.
Al final, la jueza determinó que la sentencia contra el uniformado sea de cinco años de libertad vigilada. El caso en Chile ganó bastante revuelo porque esta es la primera condena contra un acusado durante la multitudinaria marcha en la capital del país sureño en el 2019.